EIAL V2 - Orden político y ciudadanía. Problemas y debates en el liberalismo argentino en el siglo XIX

E.I.A.L.

ESTUDIOS
	INTERDISCIPLINARIOS
	DE AMERICA LATINA
	Y EL CARIBE

ADMINISTRATIVIA

America Latina

VOLUMEN 5 - Nº 2

JULIO - DICIEMBRE 1994

Identidades en América Latina (II)

Orden político y ciudadanía.
Problemas y debates en el liberalismo
argentino en el siglo XIX

ELIAS JOSE PALTI
Universidad de California en Berkeley - CONICET

	La práctica política no transforma el significado o forma de un discurso sino las condiciones de su emergencia, inserción y funcionamiento; transforma los modos de existencia de los discursos.
	Foucault

Para las élites porteñas, el supuestamente brillante futuro prometido por la quiebra del yugo colonial y la apertura al mercado internacional (la rápida transformación de la antigua capital virreinal en la "Tiro del Nuevo Mundo") pronto se les revelaría como una mera ilusión; una ilusión peligrosa, además, puesto que habría abierto las puertas a procesos políticos y dramas sociales hasta entonces inimaginables para ellas.¹ Los nuevos depositarios del poder rápidamente descubrirían los riesgos implícitos, y antes insospechados, en la dificil tarea de llenar el vacío de legitimidad que el colapso del antiguo orden dejara. La independencia, con la consecuente mobilización militar masiva de los sectores populares que su consecución había acarreado, había cobrado su precio en la dislocación de aquellas instituciones políticas y distinciones sociales que en el mundo colonial se suponían intangibles. Cuando en 1820 el caudillo Ramírez ata su caballo frente a la casa de gobierno en la que se creía la "Atenas del Plata", no sólo disipaba tales ilusiones: con ellas se derrumbaba también toda esperanza en un poder centralizado que garantizara una transición ordenada a la nueva vida política independiente que, por otra parte, ya parecía asegurada en los campos de batalla. Se trataba, pues, de crear una nueva legitimidad a partir de los fragmentos de un poder que se ha desvanecido, construir un nuevo edificio político- institucional, restaurar las jerarquías sociales y desmilitarizar una sociedad. Y todo ello presuponía, en la perspectiva de los pensadores de la época, criterios válidos para justificar la exclusión de aquellos sectores sociales cuya irrupción intempestiva en la escena política había tornado imposible la convivencia civilizada. No es sorprendente, entonces, que gran parte del debate político de la época se concentrara en cómo delimitar quiénes podrían gozar de los derechos políticos; es decir, cómo distinguir los ciudadanos de los meros habitantes.

En la historiografia de ideas argentina, en una tradición que arranca con La evolución de las ideas argentinas, de José Ingenieros (1918) y llega hasta nuestros días,² tal operación ideológica se ha interpretado como un resultado, justificado por inevitable, de la inviabilidad de la aplicación de los ideales liberales de la llamada Generación de Mayo en un medio aún dominado por hábitos forjados bajo el despotismo hispánico. Una suerte de equilibrio transaccional entre modernidad y tradición se imponía.³ Será a la Generación romántica a la que le tocará convertir tal principio en un programa político, formulado en las Bases, consagrado en la constitución de 1853 y materializado en el '80 con el régimen progresivo-autoritario inaugurado por Roca.⁴

La historia política argentina del siglo XIX aparecería, pues, desde esta perspectiva, como la de la marcha épica por la cual los principios liberales- iluministas consagrados por la revolución de 1810 habrían de ir imponiéndose sólo gradualmente, junto con la progresiva ampliación del círculo de los ciudadanos activos, hasta culminar en 1912 con la proclamación efectiva del sufragio universal (masculino). Las diversas corrientes de ideas que entretanto aparecieron cabría entenderlas como otros tantos estadios previsibles en la longue durée de la transición hacia un modelo político cuyos lineamientos finales estaban trazados de antemano.⁵

Una representación tal del proceso de constitución de un sistema político en dicho país, hecha de "anticipaciones" y "retrospecciones", y que sigue cierto modelo clásico europeo (aunque en rigor, sólo aplicable al caso inglés, y aun en éste con dificultades), se sostiene de la idea de la unidad y homogeneidad doctrinaria de lo que se llama "el pensamiento liberal", desde sus orígenes en el siglo XVII hasta su consagración como ideología dominante en el siglo pasado. Tiende, así, inevitablemente, a allanar su curso histórico haciendo de las en realidad muy diversas corrientes de pensamiento subsumidas bajo tal denominación genérica meras formas transicionales de "república posible" en su marcha, a veces intrincada, hacia la "república verdadera".⁶ Este "entretanto", en tanto que mero estado intermediario entre dos términos de una ecuación -los "ideales liberales" y su "realización práctica"-, no habría aportado nada sustantivamente nuevo (a no ser cuestiones estrictamente pragmáticas de instrumentación) en términos de modelos de "república verdadera". Cabe, sin embargo, aún considerar si un enfoque semejante ofrece realmente el marco teórico adecuado a fin de integrar y tornar inteligibles la serie de fenómenos y sistemas de ideas políticas que se sucedieron a lo largo del primer agitado siglo de la historia independiente argentina; o si, por el contrario, lo que Pierre Rosanvallon dijera para el caso francés no es aplicable también para Latinoamérica, y para Argentina, en particular, cuando denunciaba:

"La banalidad (...) de hacer de los hombres de la Ilustración simples precursores de un movimiento intelectual que ha madurado poco a poco. La Revolución no ha sólo contribuido a acelerar la germinación de una promesa de la cual ellos habían sido sus profetas. Esta ha introducido una ruptura en los modos de concebir la política y la historia".⁷

En las páginas que siguen, me propongo argumentar a favor de la pertinencia de esta afirmación para el caso argentino. Intentaré, pues, poner de relieve la especificidad de las diversas transformaciones que se sucedieron en el pensamiento liberal en la Argentina postindependiente, las cuales, según entiendo, sólo consideradas superficialmente, y al precio de perder de vista lo más sustantivo de los debates que en torno a ellas se generaron, pudieron ser reducidas a meros cambios de formas y balances (en los que se enfatizaría, en cada caso, y en distintos grados, uno u otro polo de la antinomia) en un mismo sistema de negociación estratégica entre los valores "tradicionalistas" y las tendencias "modernizadoras". Entiendo que esta última interpretación, dicotómica y simplista, ha tendido a obliterar la peculiaridad de los diversos modos de concebir la naturaleza del ejercicio del poder político y de las relaciones entre el estado y la sociedad civil que se sucedieron a lo largo de un período de la historia argentina tan traumático a nivel político y social como productivo a nivel intelectual. Por último, este controvertido transcurso abierto por el intento de instaurar una legitimidad política sobre bases radicalmente distintas a las tradicionales (ya definitivamente destruidas por las guerras) es el que intento descifrar a través de la lectura del proceso de conformación y redefinición sucesiva de la figura del "ciudadano" y de las relaciones entre el poder del estado y la sociedad civil.

Revolución, democracia e ilustración

La convulsión, no solamente política, que significó la revolución de la independencia, la cual desembocó en la emergencia de "un gobierno débil", con "falta de tradiciones", no podía dejar de traducirse sino en un peligroso "avance del igualitarismo".⁸ Una vez roto el "pacto social" con el monarca, decía el secretario y líder de la fracción radical de la Primera Junta de Gobierno, Mariano Moreno, la "soberanía retrovertía al pueblo".⁹ Muerto poco después, en 1811, no sobreviría para descubrir que esto sólo podría traducirse como lo más parecido a un "estado de naturaleza" (en sentido hobbesiano) que los contractualistas pudieran concebir. Surgiría, entonces, la necesidad de pensar el modo de articular una nueva legitimidad política que pusiera fin a aquellos "excesos democráticos" a los que la quiebra del antiguo orden había dado lugar; y ello en el marco de la necesaria apelación a la mobilización militar de los sectores plebeyos de la sociedad como elemento necesario para el triunfo de la empresa bélica. La convergencia de ambas necesidades, contradictorias entre sí, constituirían un trasfondo dramático para los debates políticos de la época. Sin embargo, dicha contradicción se revelaría con un carácter apremiante sólo cuando el fin de las guerras por la independencia (hacia 1825) impusiera la inmediata necesidad de redefinir los vínculos entre las élites emergentes y el conjunto de la sociedad. Hasta entonces, el "frente patriota", a pesar de las controversias que lo fisuraban internamente, contaba no obstante con un factor que lo mantenía dentro de cierto grado de cohesión, lo que le permitía a su gobierno soslayar -aunque no superar- las consecuencias que, en otras circunstancias, hubieran traído aparejado su aislamiento político y social. Como señalaba un destacado miembro de la logia morenista, Bernardo de Monteagudo, "la memoria de los ultrajes de tres siglos, el temor de que ellos se repitan con toda la impetuosidad de la venganza reprimida" servían aún de aglutinante de la opinión pública en torno a las nuevas autoridades.¹⁰ Hacia el fin de la primera década de revolución, el mismo Monteagudo advertía (poco antes de su asesinato y con motivo de su fallida experiencia como Ministro de San Martín en Perú, de donde fue expulsado tan pronto como el Libertador abandonara Lima para encontrarse con Bolívar) de la inminencia de que el fin de la guerra externa revirtiera en guerra civil interna:

"Después de una espantosa revolución, cuyo término se aleja de día en día, no es posible dejar de estremecerse, al contemplar el cuadro que ofrecerá el Perú cuando todo su territorio esté libre de españoles y sea la hora de reprimir las pasiones inflamadas por tantos años: entonces se acabarán de conocer los infernales efectos del espíritu democrático: entonces desplegarán las varias razas de aquella población, el odio que se profesan".¹¹

El balance de una década de vida independiente no podía ser más sombrío. En un giro completo (aunque quizás menos brutal de lo que parece) respecto a sus posiciones originales, este antiguo "jacobino criollo" propone un programa fundado en cuatro principios: reprimir las ideas democráticas, apoyarse en las clases propietarias, instaurar un gobierno fuerte y centralizado y alentar la educación como medio para regenerar las costumbres perversas de un pueblo habituado al despotismo. El peligro ya no era tanto una recaída en el despotismo (posibilidad que se creía completamente superada) sino un desemboque en la anarquía producido por los excesos democráticos. El ascendiente de la maltrecha nueva clase gobernante sobre unas masas "bárbaras", encendidas por el "igualitarismo", se había roto definitivamente.

En este contexto es que surgen los primeros debates en torno a la necesidad de restringir el ejercicio de los derechos políticos. Se apela, entonces, a la doctrina formulada por Sieyés que distingue entre ciudadanos "activos" y "pasivos". El "activo" (o "ciudadano-accionista") gozaría de derechos políticos dado que, como propietario, tendría un interés directo en la cosa pública. Sólo aquél que tuviera independencia económica podía gozar -se suponía- de independencia de juicio y era capaz, por lo tanto, de opinar fundadamente sobre los destinos comunes. El cura Castro explicaba esto a la Asamblea del Año 1826, a fin de justificar la "pérdida de ciudadanía a todo aquél que no tuviera propiedad u oficio útil". "�Cuán difícil será", decía, "que emita en su voto su propia opinión aquél que el patrón, de quien depende, recibe su pan y su subsistencia!"¹²

Esto significaba, pues, igualar a todos los no-propietarios en la categoría común a los esclavos, indígenas y sirvientes. En definitiva, implicaba negarles toda consideración como miembros de la sociedad. Sin embargo, esta suerte de ideal de exclusivismo político, si pudo practicarse dentro de otros contextos sociales, no parecía adecuado, ni aun posible de llevarse a cabo en países donde la irrupción revolucionaria no sólo había consagrado el dogma de la igualdad, sino que además había puesto en movimiento a sectores sociales cuya incidencia en la vida política ya no podía desconocer.¹³ Para entonces, ya estaba claro que la construcción de un orden debía apoyarse "en una premisa...firme y compartida ... a saber, que en la Argentina ningún poder podía sobrevivir a espaldas de las masas".¹⁴ Será un miembro del partido federal católico, que había hecho su carrera política junto con el caudillo santafesino López, Elías Galateo, quien se encargaría de objetar a Castro: "si es verdad que el jornalero y el doméstico no están libres de los deberes que la república les impone, tampoco deben estar privados de los derechos".¹⁵ Y a Dorrego, un "lomo negro", le tocaría insistir sobre la radical ilegitimidad del régimen resultante: "�Qué es lo que resulta de aquí? Una aristocracia ... la más terrible porque es la aristocracia del dinero".¹⁶

A pesar de los argumentos en contra, la Constitución de 1826, a diferencia de la provincial de 1821 que estableció el sufragio universal, impondrá una serie de restricciones al sufragio. Entretanto, "los caudillos vencedores de 1820 se presentarán como defensores de la igualdad republicana, contra una clase política porteña sospechada muy justamente de admiración creciente por los sistemas aristocrático".¹⁷ Finalmente, el triunfo de Rosas, en 1829, haría manifiestas tales contradicciones, en apariencia insolubles, dentro de los marcos tradicionales de ideas del pensamiento liberal. Es entonces que surgirían aquellas nuevas concepciones, definidas genéricamente como románticas, y que redefínirían los términos de la controversia, permitiendo, así, abordar de un modo renovado (al menos desde la teoría) la cuestión de la representación política.

El segundo momento liberal: de la voluntad a la razón

La llamada "Generación del '37" irrumpió en la escena política argentina con la convicción de que la raíz de la anarquía que reinaba en el subcontinente residía en los excesos de los unitarios (como denominaban a la generación de la revolución), quienes difundieron ideales democráticos que, según decía Alberdi, eran "incompatibles con el grado de desarrollo moral e inteligente" del pueblo. En realidad, tal "realismo político" no ha sido un aporte original del romanticismo.¹⁸ Sin embargo, la llegada del nuevo credo sí produjo un giro radical en cuanto a los modos de tematizar aquellas mismas cuestiones. Como un eco de las ideas dominantes en el medio intelectual francés presidido por el eclecticismo de Cousin y el doctrinarismo de Royer- Collard y Guizot, los jóvenes de la Generación del '37 se dan a la tarea de establecer una distinción conceptual entre aquello que constituye propia- mente la esfera del estado y lo que es el ámbito propio de la sociedad civil.¹⁹ Ello se traduce en un desdoblamiento análogo entre los derechos civiles, comunes e inherentes, en tanto que naturales, a todos los habitantes, y los derechos políticos, que sólo surgen con, y emanan de la institución de un orden estatal. Echeverría expresaba esto así:

"Y por pueblo entendemos hoy como entonces, socialmente hablando, la universalidad de los habitantes del país; política- mente hablando, la universalidad de los ciudadanos: porque no todo habitante es ciudadano, y la ciudadanía proviene de las instituciones democráticas".²⁰

No se trataba, sin embargo, de una mera reiteración de las ideas de Castro y Monteagudo ya señaladas (deudoras ambas de Sieyés), puesto que esta última distinción, aunque paralela a la anterior entre ciudadanos y habitantes, opera ya en el marco de una concepción organicista de lo social (la idea de la sociedad no ya como un mero objeto pasivo y plástico a la intervención del poder político, sino como un cuerpo dotado de principios de desarrollo inmanentes a los que hay que interpretar y canalizar). Semejante refiguración básica del pensamiento social no será inconsecuente en la articulación de los modos de conciencia histórica en la tradición liberal local.

La primera y más inmediata consecuencia, a nivel de la teoría, consistió en que, desde la nueva perspectiva abierta por el romanticismo, se podría finalmente llegar a pensar algo que dentro de los marcos del liberalismo clásico aparecía como una contradicción en los términos: la existencia de diferencias entre iguales. Para la generación anterior iluminista, las diferencias sociales sólo podían fundarse en la llana exclusión de los meros habitantes del ámbito de lo social (colocándolos, junto a los esclavos y sirvientes, fuera de la sociedad); podía aquélla recortar el concepto de sociedad civil, pero no concebir distinciones dentro de la misma en tanto que se imaginara, según su propio concepto, como compuesta de individuos perfectamente intercambiables entre sí. La generación romántica, en cambio, habría de abandonar el concepto individuo a secas para reemplazarlo por el de individuo social. La sociedad se percibiría ahora como un sistema integrado por un conjunto defunciones, dentro de las cuales, la del filósofo-político, o mejor dicho, la de la clase política, desempeñaba un rol esencial.²¹ Esta clase política no sólo no habría de coincidir ya con la "clase propietaria" (esta identificación será más tardía), sino que además -a diferencia de Sieyés-, lejos de concebirse como constituida por individuos que ejercen sus derechos expresando su voluntad (en tanto que mónadas autónomas) por medio del sufragio, depositando así su mandato en sus representantes, conformaría, por el contrario, una suerte de expresión más genuina del conjunto de la sociedad, condensando (como sujeto colectivo) aquellos atributos que en ella se encuentran dispersos. Esto se relaciona con otra distinción aún más fundamental entre la voluntad general y la razón colectiva. Alberdi afirmaba al respecto:

"La soberanía del pueblo, no es pues la voluntad colectiva: es la razón colectiva del pueblo, la razón que es superior a la voluntad, principio divino, origen único de todo poder legítimo sobre la tierra".²²

La élite política cabría concebirla, en síntesis, como aquel órgano privilegiado en el que la razón colectiva se habría depositado; su encarnación en la realidad. El derecho al ejercicio de los poderes públicos que a ella legítimamente le cabe se funda, así, en la posesión de un "saber" (lo que Guizot llamara fintelligence de les besoins généraux) respecto a una sociedad a la que ya no podía considerarse como un mero medio pasivo, sin tendencias v orientaciones inherentes. Ella debía penetrar la coraza de los meros deseos pasajeros de sus miembros para descubrir, en el fondo de la realidad, sus necesidades más permanentes y su dinámica inmanente, a fin de adecuar las instituciones políticas a las mismas. En el éxito de dicha tarea residiría la clave para la afirmación de los nuevos estados y el fin de la era de las guerras civiles.

La atribución de ese status de privilegio conferido a la nueva élite política implicaba, por otra parte, que el ejercicio de los derechos políticos pasaban a ser comprendidos como una función pública, antes que como un derecho (lo que le confería a esta clase política una suerte de carácter misional). Esta debía bregar por hacer que la razón encarnase en el espíritu público y se extendiese al conjunto de la sociedad. De este progreso permanente en la difusión de la razón dependería la evolución y, en definitiva, la vitalidad y subsistencia de la sociedad toda. De allí el énfasis en el papel de lo ideológico en la constitución de un orden, suerte de argamasa del edificio social (desplazando las cuestiones estrictamente político-institucionales a un segundo plano). Como afirmaba Echeverría,

"No se trataba de personas, sino de patria y regeneración por medio de un dogma que conciliase todas las opiniones, todos los intereses, y los abrace en su vasta y fraternal unidad".²³

Por otro lado, dado que la función de esta élite letrada sería interpretar la razón colectiva (antes que representar su voluntad), se hacen comprensibles las inconsistencias respecto de los principios republicanos que resultarían del intento de traducir dicho concepto en un modelo político. Echeverría no lograría evitar ciertas tensiones al tratar de definir su concepto de un gobierno republicano: "El sufragio universal", decía, "dio de sí todo lo que pudo dar: el suicidio del pueblo por sí mismo, la legitimación del despotismo".²⁴ Mas inmediatamente después reconocía que

"La raíz de todo sistema democrático es el sufragio. Cortad esta raíz, aniquilad el sufragio, y no hay pueblo ni instituciones populares: habrá cuanto más oligarquía, aristocracia, despotis- mo monárquico o republicano. Desquiciad, parodiad el sufragio, hallaréis una legitimidad ambigua y un poder vacilante, como el sistema unitario".²⁵

Precisamente en torno a esta contradicción -y las tensiones conceptuales que de ella derivan- va a girar la problemática específica que define este segundo modo del pensamiento liberal. Y esto será así debido a que si la consagración de las diferencias sociales haría posible, por un lado (a la inversa de los pensadores ilustrados), fundamentar su distanciamiento respecto a la voluntad popular (a la que Royer-Collard definió como "una mera metáfora"); por otro lado, establecer una distinción demasiado tajante entre ésta y la razón colectiva hubiera significado introducir elementos irracionales en el curso de una evolución histórica a la que se suponía orgánica y lógica (es decir, trascender el estricto inmanentismo sobre el que se fundaría su pensamiento histórico-social). En sus propios términos, oponer sin más razón colectiva y voluntad general hubiera supuesto una recaída en el llamado "racionalismo abstracto" de sus antecesores. En definitiva, los jóvenes románticos debían presuponer, junto con Cousin, la complementariedad entre lo que el filósofo francés llamaba los dos modos en que se manifiesta la misma razón universal: la reflexiva (a la que sólo acceden las élites ilustradas) y la razón natural (inherente a todos los seres humanos). .

Trasladado al contexto práctico de la política rioplatense del momento, esto puede interpretarse como la definición de un programa destinado a racionalizar lo que hasta entonces parecía un desenvolvimiento histórico traumático y ajeno a las leyes del desenvolvimiento racional. Ello se traducía en un acercamiento a Rosas, el cual, en tanto que un fenómeno de la realidad, sólo cabía interpretar, desde dicha perspectiva, como formando parte del desarrollo evolutivo lógico en la constitución de una Nación moderna. Según Alberdi,

"La historia de los pueblos se desarrolla con lógica admirable... Nuestra situación es, a nuestro ver, normal, dialéctica, lógica. Se veía venir, era inevitable".²⁶

No obstante, tan pronto como el poder rosista insistiera en rebelarse al rol que los jóvenes letrados le asignaran, dicha empresa intelectual se tornaría inviable. La historia argentina se teñiría de un ineliminable aire de irracionalidad. Del intento de hacer frente a los desafíos intelectuales que tal situación impondría a los intelectuales argentinos emergerían las obras más ricas y originales del romanticismo vernáculo.

En efecto, en la emigración habrán éstos de radicalizar sus aprensiones respecto a la posibilidad de regenerar la constitución moral de un pueblo que ya por entonces descubrían como "irremediablemente perverso". Instaurada la "Pax Rosista", en torno al año '42, no concebirá ya otra salida que la colosal empresa de regenerar de raíz "un medio social bastardo" por la degenerescencia de razas y el aislamiento geográfico a través del trasvasamiento poblacional. Sobre esta idea nuclear se asienta el llamado "proyecto alberdiano" del '52.

El proyecto de inmigración masiva destinado a regenerar la sociedad argentina presuponía, sin embargo -bien sabía Alberdi-, un cierto orden político. Esto generaba una suerte de círculo vicioso que sólo podría quebrarse, pensaba, mediante su modelo de "república posible". Desconfian- do ya de la disposición innata del pueblo argentino para sostener cualquier sistema estable de gobierno, Alberdi propone la idea de establecer ciertas instancias de mediación entre la sociedad civil y el ordenamiento institucional republicano (vía sufragio indirecto, etc.), a fin evitar que las tendencias anárquicas de la primera adquieran un carácter político. De todos modos, esto no significaba necesariamente una delimitación tajante entre libertades políticas y libertades civiles.²⁷ Por el contrario, en Bases Alberdi propugnaba alentar el sufragio universal ("pues la inteligencia y la fortuna en cierto grado, no son condiciones que excluyan la universalidad del sufragio"), así como la masiva ciudadanización de los extranjeros:

"Debe prodigar la ciudadanía y el domicilio al extranjero, sin imponérselo. Prodigar, digo, porque es el medio que se necesita. Algunas Constituciones sudamericanas han adoptado las condiciones con que Inglaterra y Francia conceden la naturalización al extranjero, de que esas naciones no necesitan para aumentar su población excesiva. Es la imitación llevada al absurdo".²⁸

Sin embargo, al poco tiempo de formular su proyecto, la secesión de Buenos Aires habría de revelarle que el proceso de consecución de un orden abierto a la caída de Rosas resultaría más problemático y conflictivo que lo esperado; aun más grave en la medida en que, según entendería entonces, el problema ya no radicaba tanto en la barbarie del desierto, sino en las propias ciudades "cultas".

"Los enemigos de estos países no están en sus desiertos, sino en el seno de sus ciudades pobladas de facciosos... Los salvajes no han destruido ciudad alguna importante, no han derrocado gobierno alguno legítimamente constituido e instalado".²⁹

Esto importaba una suerte de inversión de su planteo anterior. Si hasta entonces Alberdi, como el resto de los pensadores de la época, creía tener ante sí ese desierto en donde, según Sarmiento, "no puede haber vida pública por el sólo hecho de que no hay público", ahora Alberdi descubría que la raíz del problema residía en las propias élites gobernantes. Como aseguraba Zavalía ante el Congreso Constituyente de 1853, "la resistencia a la organización sólo ha emanado de los gobernantes y nunca de los pueblos".³⁰

Es en este momento que surge (más precisamente con Elementos de derecho público provincial, escrito por Alberdi luego de la secesión de Buenos Aires) una política de clara exclusión política. Sin embargo, de acuerdo a lo que por entonces sostenía Alberdi, dicha política se orientaba, en realidad, a salvaguardar (a la inversa de Bases) a la "sociedad civil" de los conflictos que ahora en el plano político ("ese terreno de las eternas controversias") le aparecían recurrentes y aun inevitables:

"No participo del fanatismo inexperimentado que pide libertades a manos llenas para pueblos que sólo saben emplearlas para crear sus propios tiranos. Pero deseo ilimitadas y abudantísimas para nuestros pueblos las libertades ci- viles ...son las llamadas a enriquecer y civilizar estos países, no las libertades políticas, instrumentos de inquietud y ambición en nuestras manos".³¹

Con este texto, se cierra el ciclo de las grandes obras doctrinarias y literarias de la generación romántica. Las cuestiones relativas a la constitución de un sistema político, la conformación de una clase dirigente y su articulación con la sociedad parecían haber vuelto al punto de partida en la reflexión de sus pensadores. Desengañado ya de la posibilidad de que surgiera en lo inmediato un orden político, la apuesta de Alberdi se orientaría, entonces, a confiar en la constitución espontánea de una sociedad civil (en tanto que nuevo agente histórico), distinta del mero medio social (objeto puramente pasivo) existente. Los años que siguen se desenvuelven en medio de un cierto vacío intelectual; serán, sin embargo, claves en la definición empírica de dicho proceso. De allí emergería, en la práctica, un determinado modo de hacer política en el Río de la Plata, que marcará decisivamente la historia de la vida institucional argentina de la segunda mitad del siglo.

El debate en torno a la legitimidad

A partir de la presidencia de Mitre (1862-1868) se produce una verdadera explosión en lo relativo a la actividad política en el ámbito porteño. No sólo se conforman las grandes maquinarias político-electorales; ello también se vería acompañado de la difusión de nuevos canales "informales" de participación política, como el que surge a raíz de la ampliación a dimensiones hasta entonces desconocidas en la capital argentina de la prensa periódica, de las asociaciones mutuas y de colectividades extranjeras, entre otros.³² Sobre dicha base se iría consolidando un modelo político que transita sobre un doble. sistema de legitimidad, instaurando al lado del mecanismo formal de la elección periódica un rico y sutil juego de relaciones y alianzas entre el poder político y la sociedad civil, por el cual aquél logra articular los vasos comunicantes que le permitirían integrarse como elemento constitutivo y constituyente a la vez del todo social en el que se inscribía.³³

En este contexto se produce una suerte de reconciliación de las élites locales con las realidades y tradiciones nativas; fenómeno que se expresa en la explosión de la producción historiográfica -género hasta entonces típica y sugestivamente subdesarrollado en dicho país si lo comparamos con las poderosas tradiciones historiográficas ya existentes por entonces en países, no por mera coincidencia, políticamente más estables, como Chile y Brasil.³⁴ Un hecho sintomático es la proliferación de las revistas históricas.³⁵ Y es precisamente Mitre, el fundador del Partido Liberal (que, aunque luego fraccionado en diversas organizaciones, dominará la política argentina hasta 1916), quien, en su Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina (obra cuya elaboración se despliega a lo largo de más de 30 años, desde su primera edición en 1854 hasta su cuarta y definitiva en 1887), fija el canon para la interpretación de la historia como un despliegue orgánico a través de etapas sucesivas en las que las élites locales aciertan infaliblemente a interpretar la voluntad y las necesidades de su pueblo, ya que sólo así se convierten en tales élites: tan pronto como fracasan en su tarea, los grupos hasta entonces dirigentes invariable y automáticamente desaparecen de la historia para dejar su lugar a otros más aptos. La inescindible alianza objetiva entre la "razón reflexiva" de las clases dirigentes y la "razón espontánea" de las masas se convierte en la clave para la evolución nacional argentina.

Sin embargo, la estabilidad del modelo mitrista de hacer política no tardaría en mostrar sus limitaciones. El fin de los llamados "levantamientos del viejo estilo" (la montonera) se traduciría pronto en nuevos modos de irrupción revolucionaria específica e intrínseca al modelo político emergente, que culminaría con el alzamiento del propio Mitre - quien aspiraba volver a la presidencia tras ceder su turno a D. Sarmiento (1868-1874) - contra la elección de N. Avellaneda (1874-1880). La amenaza que tal levantamiento conllevaba para la estabilidad del régimen debe haber aparecido aun más dramática a los ojos de los pensadores de la época tras asistir al espectáculo del derrumbe de Francia como potencia provocado por la inquietante experiencia de haber sido conducida por un líder de tipo plebiscitario (Napoleón III). El modelo instaurado por Mitre -siempre sospechado de coquetear con el tipo de prácticas demagógicas de las que el fundador del Segundo Imperio sería su símbolo - a comienzos de la década de los sesenta, parecería, en la década siguiente, sólo el anuncio de una era dominada por una nueva forma de "barbarie", esta vez generada y desenvuelta desde el seno mismo del estado.

En este marco es que se agitarán los debates políticos, vehiculizados y amplificados por la prensa como una nueva tecnología de poder que se fuera constituyendo a lo largo de esos años. Un nuevo tipo de reflexión sobre los problemas nacionales se impondría entonces. Sarmiento, uno de los hombres del momento, verá confirmadas sus reservas respecto al supuesto poder mágico que Alberdi creía ver en los inmigrantes cuando incluso este mismo reconociera, desencantado ante la realidad de la inmigración masiva (que ya entonces había dejado de ser un mero proyecto), que "poblar de este modo es apestar el suelo mejor dotado".³⁶ Muchos pensarían, sin embargo, que si su proyecto migratorio había fracasado en regenerar las prácticas políticas, se debió fundamentalmente a que la propia doctrina alberdiana de exclusión política lo había impedido. Esto había conducido, se entendería ahora, a que la consolidación del ámbito de la sociedad civil (que hasta entonces se creía inexistente y al que desde ahora todos apelarían - a la "gente decente" - como el sujeto ineludible de toda solución posible) resultara correlativa a su progresivo distanciamiento respecto a la sociedad política, la cual se habría conservado imperturbable a las transformaciones producidas en el ámbito de la sociedad, enquistándose como una "oligarquía", ajena a los reclamos y necesidades de aquéllos a los que decía representar.

Ambas preocupaciones, el divorcio entre el sistema político y la sociedad civil y el peligro del surgimiento de un líder de tipo plebiscitario dispuesto a apelar a los sectores populares para dirimir controversias internas a esta "oligarquía", serán las que ocupen el centro del debate público. En las sesiones de la Asamblea Constituyente provincial de 1870 (que duran casi tres años)³⁷ van a confrontarse las distintas opiniones ante lo que todos advertían como los serios problemas de legitimidad que enfrentaba por entonces el orden institucional existente. Alvear será quien, con más precisión, definirá los déficits de aquel modelo político, inculpando a las doctrinas constitu- cionales vigentes como responsables de los mismos:

"En un país que hace distinción entre sus derechos civiles y políticos, y que sólo respeta los primeros y es indiferente a los segundos, le sucede lo que ha pasado en Francia".³⁸

Esto no suponía, como puede parecer, un intento de forzar una ampliación indiscriminada de los derechos políticos; "la Francia imperial ha proclamado el sufragio universal", destacaba Alvear, "y el resultado ha sido el despotismo más funesto".³⁹ Por el contrario, se trataba de que aquellos sectores esclarecidos, que fallaban en su misión de élite dirigente de la sociedad y se encerraban en el ámbito de sus negocios privados, participasen efectivamente en los asuntos públicos.

La primera línea de análisis tendiente a buscar una solución a dicho problema la expresaba Marín, quien propuso drásticamente la implantación del sufragio calificado y censitario:

"Limitemos el ejercicio de la soberanía a la parte más inteligente y capaz de la provincia o de la ciudad, daremos gran responsabilidad a las mesas receptoras de votos y entonces el resultado de la elección será la manifestación franca y verdadera de la mayoría del país".⁴⁰

Culminaba, así, el proceso por el cual aquella élite que los románticos proclamaron como destinatarios naturales del poder político se identifica lisa y llanamente con las clases propietarias. Ello no suponía, sin embargo, la adopción de la idea del ciudadano-accionista. Marín, por el contrario, expresaba inmediatamente a continuación, en clave decididamente románti- ca, que estas clases propietarias a las que él apelaba representaban "la manifestación más franca y verdadera de la mayoría del país";⁴¹ esto es, su "razón colectiva".

A éste le respondería Sáenz Peña, señalando lo inútil de su propuesta. Su crítica tampoco estaba animada por ningún entusiasmo por la idea del sufragio popular, el cual, según entendía, presuponía "un criterio popular del que distamos mucho".⁴² Según Sáenz Peña, la falla en la propuesta a la limitación del sufragio residía sencillamente en que ésta no alcanzaba a cumplir su objetivo: la limitación del sufragio no tenía por qué llevar a que aquéllos que se negaban a cumplir su función pública efectivamente lo hicieran. La salida yacía, para él, en imponer lisa y llanamente la obligación del sufragio. Sólo así podría contribuirse "a levantar el espíritu público abatido", ya que "si dejamos al arbitrio individual el ir o no ir a constituir los poderes públicos, corremos el peligro de acefalía".⁴³ Lo interesante de su postura, sin embargo, reside en la estructura misma de su argumentación, pues en ella se hacían manifiestas las dificultades para articular un sistema político sostenido sobre la base de la apelación activa a las clases que, según Sáenz Peña, constituían la expresión más noble del conjunto de la sociedad. En efecto, al señalársele que ello suponía imponerle a estos ciudadanos activos la obligación de cumplir una función pública en contra de sus propios deseos, Peña respondía que:

"Desde la ley más importante hasta el más humilde ordenanza municipal podría encontrar resistencia en el pueblo. �Y por eso hemos de decir que no podemos restablecer lo que consideramos más adecuado para la felicidad del pueblo, porque el pueblo podría resistir a los propósitos de los legisladores que establecen ciertos mandatos? Esto, por lo menos, no es regular. Yo no me alarmaría ante la idea de que pueda presentarse el caso de tener que multar a 20.000 habitantes".⁴⁴

Semejante idea de forzar a los "20.000" ciudadanos activos - supuestos depositarios naturales del poder político - a votar conlleva un desplazamiento en la línea argumental. Ya el legislador no sólo no habla en nombre de la voluntad general, sino tampoco de la razón colectiva encarnada en aquel sector específico de la sociedad; lo que lo guía ahora es la "felicidad" de su pueblo, sus intereses, que le deben ser revelados e incluso impuestos contra su propia voluntad. Surge aquí una nueva instancia, suerte de "élite política" (portadora del saber) de esa otra nueva "élite económica" (la burguesía) definida por Marín y encargada de señalarle a su clase (que cuenta ahora con los medios para imponer su preeminencia pero no los sabe aún utilizar) lo que mejor le conviene (y cuyos intereses particulares como clase se confundían ahora con el "interés general" de la sociedad). Poco a poco se va perfilando una nueva línea de pensamiento que, como veremos, sólo otros, más tarde, desarrollarían.

Antes señalemos, para situarnos en el contexto del debate, que estos embates argumentales tenían un destinatario claro: Mitre, el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a la próxima presidencia (cuyo triunfo parecía descontado), y a quien la oposición identificaba ya públicamente como representante de una "oligarquía" que se había enquistado ilegítimamente en el poder. Su control sobre la maquinaria política bonaerense (y también el Congreso Nacional), junto con su habilidad oratoria para desmontar la lógica de sus oponentes y hacer manifiestas sus contradicciones, le permitirían a Mitre imponer sus puntos de vista sin mayores sobresaltos. En definitiva, Mitre demostraría cómo aquellas posturas antes mencionadas resultaban incompatibles con los principios consagrados por la Constitución.

"La teoría del voto obligatorio está fundada en esto: en que el sufragio no es un derecho del pueblo, sino una función pública encomendada a ciertos ciudadanos... Así, pues, para hacer prevalecer esa teoría del deber contra el derecho, es preciso borrar a este último.⁴⁵ Todos los argumentos que se han hecho contra el proyecto han sido tendientes a la negación de los principios de que fluye el sistema representativo republicano".⁴⁶

Desde esta perspectiva, le resultaría sencillo descalificar todas las propuestas de modificación a su proyecto. No obstante, el republicanismo mitrista no debe confundirnos. Mitre tampoco pretendía (ni quería) erigirse en vocero de la voluntad popular sin más. Sabía, en realidad, que, para el nuevo consenso instalado, ésta no aparecía ya como un fundamento válido y suficiente para la legitimación del ejercicio de la función pública. Como él mismo afirmaba, "Rosas apeló al pueblo, Napoleón apeló al pueblo".⁴⁷ En definitiva, también Mitre admitía la existencia de una cierta racionalidad independiente de la voluntad de los hombres. De allí que en el proyecto que propusiera incluyera una suerte de fórmula transaccional, según la cual se afirmaría que el sufragio es a la vez "un deber y un derecho".

Lo más característico del pensamiento de Mitre residía, sin embargo, en que tallaría consistentemente en la contradicción que la doctrina de la "razón general" encerraba en relación a las instituciones democráticas. Herencia, para él, de la Ilustración, que suponía una concepción de lo social demasiado elemental a sus ojos, planteaba graves problemas de compatibilidad a la nuevas teorías sociales. La única solución posible, entendía, consistía en aceptar la existencia de una doble vía de acceso a la razón, ambas igualmente válidas (idea que, como vimos, estaba en la base de su modelo de interpretación de la historia argentina ensayado en Historia de Belgrano). A la vía especulativa propia de las élites, Mitre le opondría, entonces:

"La razón pública [que] está más arriba que nosotros porque tiene esa conciencia experimental [sic] que se adquiere en medio de la lucha, en medio de la práctica de los gobiernos libres. Digo que el pueblo (y no me refiero a esta parte mínima) ... ha de mirar con cierta sonrisa estas discusiones metafisicas".⁴⁸

Lo que en tiempos de Rosas parecía una contradicción insoluble - la relación entre la razón colectiva y la voluntad popular - habría de verse ahora íntimamente asociado en una suerte de armonía preestablecida (Mitre llega incluso a colocar la "razón pública" por encima de la "razón metafisica"). Una lógica sin fisuras que se sustentaba en una visión compacta y en un último análisis fuertemente fatalista de la realidad, y sobre todo un aceitado sistema de relaciones políticas (ayudado entonces por el apoyo de Alsina), le permitieron a Mitre imponer fácilmente su proyecto, casi sin modificaciones. No obstante, los problemas de legitimidad planteados al modelo que él había instaurado resultaban ya insoslayables. La respuesta de Mitre, que puede sintetizarse en la fórmula de "no innovar", no ofrecía alternativa ante el peligro de la inestabilidad que el fraude y la "oligarquización" de la vida política parecían representar.

En definitiva, será el mismo Mitre -paradójicamente- el que revelaría la debilidad de un régimen que enfrentaba ya fuertes (aunque aún aisladas) contestaciones. En efecto, cuando ante la propuesta de someter su proyecto a un plebiscito popular respondiera que ésas eran "simples fórmulas", sentó una doctrina de profundas consecuencias: no sólo asomarían ciertas fisuras mal disimuladas entre la "razón colectiva" y la "voluntad general", sino que se expresa así la idea, potencialmente subversiva, de que la razón pública tiene siempre múltiples vías para imponerse alternativas al puro formulismo del sufragio, lo que podía fácilmente convertirse en una legitimación del principio de sedición. Y aunque no haya sido éste su propósito original, sería el mismo Mitre quien, llegado el momento, lo habría de poner en práctica.

La revolución del '74 (que dividió al país político por la mitad) marcó un hito en esta historia.⁴⁹ A partir de entonces, parecía ya inevitable un replanteamiento de las condiciones en que se desenvolvía la vida política bonaerense. Se iniciaba, pues, el lento proceso de adecuación de esa maquinaria política a las condiciones que le imponían no sólo la fuerte contestación interna a la que se veía sometida, sino fundamentalmente la presión que significó el surgimiento de un poderoso aparato de poder alternativo - la llamada "liga de los gobernadores" - capaz de disputarle la hegemonía a nivel nacional.⁵⁰ En torno a estas presiones es que se iría redefiniendo el régimen político y surgiría un nuevo sistema de relaciones de poder. El primer resultado de ello es la llamada "política de conciliación", iniciada por Avellaneda, que, a pesar de su fracaso, permitió la proclamación de Roca como Presidente en 1880. Con ello entramos a una nueva etapa en el desarrollo del pensamiento liberal argentino.

El tercer momento liberal: de la élite a las clases sociales

La estabilidad de la primera década de roquismo descomprimió el debate político. Las viejas querellas parecían desdibujarse tras el consenso forjado por las nuevas alianzas de poder. Pero si la proclamación de Roca logró amplio consenso inicial, sus últimos años de gobierno marcaron una declinación que, para muchos, tenía sus raíces en la degeneración del régimen político oligárquico mitrista en lo que llamaban una autocracia instaurada por Roca. El creciente aislamiento del poder central se iba a acentuar durante la gestión de su pariente y sucesor, Juárez Celman. José Ingenieros definía, en Sociología Argentina, este "desajuste" creciente entre la sociedad y su sistema de gobierno mediante una analogía. La sociedad argentina, decía, era como una planta que no había dejado de crecer y que, llegado el momento, había roto la "maceta" del marco jurídico-institucional en que se encontraba, siendo pues necesario su transplante a otra más amplia. Simbolizaba, así, la problemática central que va a ocupar (continuando las líneas de análisis iniciadas la década anterior) a la nueva generación de pensadores a partir del '80: ahora la cuestión ya no habría de pasar tanto por la falta de orden como, por el contrario, precisamente por la existencia de un orden demasiado estrecho que no llegaba a contener una realidad que lo superaba.

El "último" Sarmiento señalaba el divorcio entre el poder económico y la práctica política "criolla" que dejaba fuera a aquéllos que eran verdadera- mente los que estaban construyendo el progreso argentino (que, por otro lado, ya por entonces parecía incontrastable).

"Viviendo sin derechos ni acción de ciudadanos, y contra- balanceando la política criolla, en número, riqueza e influencia, forman una sociedad sin derechos políticos, que deja en minoría a la parte culta de la sociedad criolla. Puede decirse que por falta de veinte mil votos honrados, instruidos, propietarios de toda la república, pudo triunfar la intriga de los gobernadores y ambiciosos confabulados".⁵¹

Esta situación es la que habría de desembocar en la llamada Revolución del Parque (1890),⁵² la que, por otro lado, también serviría para operar una segunda línea de ruptura a nivel conceptual: ella no sólo haría manifiesto el grado de distanciamiento entre el llamado régimen oligárquico y las clases económicamente dominantes (o importantes sectores de las mismas, al menos), sino que además demostraría la imposibilidad de seguir apelando a la movilización de sectores sociales populares que podrían convertirse rápidamente en una seria amenaza para el sistema en su conjunto. No es casual que hacia esos años emergiera la cuestión relativa al papel de las multitudes en la historia argentina.⁵³ La armonía de la relación entre las masas y sus grandes hombres que fatalmente acertaban en interpretarla (y precisamente por ello se convertían en tales grandes hombres), planteada por Mitre, vuelve a ser materia de controversia.

En este marco es que se van a profundizar otras líneas de debate ya esbozadas también en la Asamblea Constituyente provincial de 1870-1873. Su desarrollo marca, sin embargo, el tránsito hacia una nueva forma de pensamiento que llamaremos "el tercer momento del pensamiento liberal".

Surgía, entonces, lo que habría de denominarse el proyecto de una "democracia orgánica". La primera tendencia en este sentido, que pronto haría suya al "núcleo duro" de los pensadores identificados con el programa liberal, surgiría entre el círculo de pensadores católicos. Lejos del catolicismo ultramontano, postularían la religión como el soporte moral necesario para la afirmación de las instituciones republicanas. Conscientes del carácter minoritario y del lugar subordinado (aunque insoslayable) que ocupaban en la escena política nacional argentina, harían un planteo propio de los problemas de legitimidad que enfrentaba el orden existente, que anticipaba algunos de los rasgos fundamentales que definirían aquella nueva expresión del ideario liberal surgida en Francia con Taine, Renan y los llamados "padres fundadores" de la Tercera República.⁵⁴

Para J.M. Estrada, la cuestión de fondo no radicaba en la limitación o no del sufragio popular. El problema real estribaba, según entendía, en la existencia de una serie diversa de expresiones políticas, todas igualmente válidas, pero que, sin embargo, no todas encontraban cabida y expresión institucional. De allí que propusiera modificar el sistema de elección uninominal por distrito, a fin de permitir la representación de las minorías (la única de las reformas a la constitución "aceptadas" por Mitre).

"No está el mal en el sufragio universal mismo ... el mal está en que no todas las voluntades, en que no todos los derechos y todas las opiniones están representadas en los cuerpos colegiados ... así es que la representación de las minorías es la base de los sistemas democráticos y los principios liberales".⁵⁵

Dicho principio representaba un cambio con respecto a las concepciones dominantes en la época en relación a los modos de hacer política y fijar los mecanismos de representación. Desaparece con él el concepto de lo social como conformando un todo homogéneo implícito en el planteo de las relaciones entre gobernantes y gobernados en términos de masas y élites (o bien de voluntad y razón) al postular la coexistencia en el seno de la sociedad de diversas racionalidades, irreductibles entre sí y todas igualmente válidas (idea completamente ajena ya a los románticos, para quienes pensar en que pudiera existir más de una racionalidad social resultaba algo tan absurdo como postular que existe más de una lógica). Un sistema político orgánico sería, pues, según este concepto, aquél en que se encontrasen expresadas todas ellas.

Un paso más, decisivo en este sentido, lo realiza V.F. López. Refiriéndose a Estrada, insistía que las ideas u opiniones eran aspectos relativos y circunstanciales en la conformación de toda sociedad. Lo verdaderamente constitutivo de ellas pensaba que eran los intereses, y las diversas clases sociales a las que aquéllos representaban.

"Por otra parte, esta entidad que se llama pueblo tampoco existe...es una entidad ficticia. Lo que existe en el pueblo son clases, y estas clases tienen sus intereses particulares, sus intereses armónicos, que no siempre están de acuerdo con los intereses del mayor número, que es lo que se llama soberanía del pueblo".⁵⁶

Para López, el "imperio del número" había barrido todos los demás intereses legítimos, como aquéllos de las llamadas "clases conservadoras". Para éstas reclama entonces López la adscripción exclusiva de una de las Cámaras (la de Senadores), a fin de que todos los sectores sociales encuentren expresión en el sistema político.

El propio V.F. López daría expresión historiográfica, si bien quizás un tanto rudimentaria todavía, a esta nueva perspectiva de lo social, que sólo en la primera década del presente siglo encontrará una formulación más acabada con José Ingenieros. La supuesta carencia de competencia hermenéutica por parte de López, comparada con el reconocido arsenal de recursos bibliográficos con los que contaba Mitre, y una actitud marcadamente aristócratica y conservadora conspiraron para crear una imagen del pensamiento histórico de López como una figura anacrónica en aquellos aspectos en que era precisamente más actual. Una visión del transcurso histórico argentino definitivamente menos lineal - desgarrado en su transcurso orgánico y escindido en dos eras brutalmente separadas por la revolución y la consecuente destrucción de las antiguas jerarquías que pudiesen balancear los impulsos democráticos del nuevo siglo - que la de Mitre, visión inspirada en los más recientes debates historiográficos dominados por el clima intelectual de la Tercera República Francesa, harían de la Historia de la República Argentina (diez tomos escritos entre 1883 y 1893) de López un instrumento mucho más sensible a los nuevos desafíos planteados por la emergencia de lo que J.L. Romero llamara la "Argentina aluvial":⁵⁷ la integración política de sectores sociales cada vez más heterogéneos y dinámicos dificilmente podía ya aceptarse como el resultado de un puro concurso espontáneo entre las élites y una "masa" indiferenciada.⁵⁸

Algunos años más tarde, Ingenieros, aunque partiendo de adscripciones políticas autodefmidas como progresistas, se basaría en las mismas premisas de López para formular un modelo de ordenamiento político. En Sociología Argentina, Ingenieros denunciaba un régimen dominado por una sola clase social, lo cual lo condenaba a una radical ilegitimidad. Para él, la constitución de un sistema estable de gobierno sólo iba a estar acabada en el momento en que las diversas clases que conformaban la sociedad argentina (rural, empresaria y proletaria) homogeneizasen sus respectivos intereses y articularan los mismos en la arena política. Una sociedad cuyos contornos se percibían aún como difusos cobraría, así, sus formas definitivas. Entonces podrían tales clases dar forma como tales a los partidos que las representasen e integrarse al juego político de la democracia representativa.

De este modo, tenemos aquí, finalmente definido, un nuevo sistema de pensamiento, que transita de una concepción de lo social en términos de masas y élites a otra que postula la existencia de diversas clases sociales, cada una con intereses, opiniones y, en fin, racionalidades diversas, que no pueden subsumirse ni reducirse a ninguna de las otras junto a las que - y frente a las cuales - conforman el todo social. Se destruía, pues, la unidad de la llamada razón colectiva y de la élite en la cual ésta se depositaba, sin que por ello se abandonase la idea de un interés general que primaba por encima de los intereses particulares. Se presuponía, así, que estos últimos, si bien irreductibles unos a otros, no resultaban, sin embargo, contradictorios entre sí, sino por el contrario, complementarios y funcionales respecto a la sociedad considerada en su conjunto. La democracia orgánica sería la plasmación institucional de ese interés general; suerte de sublimación de la lucha de clases (esto es, su canalización por vías socialmente aceptables).

Sin embargo, Ingenieros también advertía que en la sociedad argentina en su estado actual, marcado por la movilidad social propia de un país de "fronteras abiertas" (lo que aventaba la urgencia de tal transformación), tal modelo sólo podía concebirse como un proyecto a largo plazo.

"Este período de transición, caracterizado por cierta inestabili- dad de las clases sociales, sólo puede durar mientras nuevas zonas del territorio sean valorizadas por los capitales y los brazos inmigrados; a medida que disminuya la tierra libre, los problemas económicos se irán planteando en términos precisos y la diferenciación social en clases será un fenómeno estable, acompañado por los mismos conflictos de intereses que la historia señala en el viejo mundo".⁵⁹

Lo que no aparece en Ingenieros es un modelo para pensar dicha transición. Esa fue la tarea que le correspondió al grupo formado en torno a la Revista de Ciencias Políticas. Revista fundada en 1910 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y dirigida por Rodolfo Rivarola, se convertiría en el órgano de los sectores reformistas (que terminarían imponiéndose con la ley Sáenz Peña) liderados por Joaquín V. González.⁶⁰ La denuncia del sistema oligárquico, dominado por la situación (formada por el grupo de los gobernadores provinciales y funcionarios menores a sus servicios), va a ser el latiguillo que agitarían los nuevos ideólogos del proyecto de regeneración política que comenzaba a vislum- brarse como insoslayable. Sin embargo, no todos sus miembros coincidían en la naturaleza de sus males y en los remedios adecuados. Rodolfo Rivarola veía en los principios federalistas consagrados en la Constitución la fuente de todos los males de tal sistema.

"Se ha tomado el régimen unitario como de centralización despótica o tiránica ... Ha existido ese equívoco; y a él se debe que en presencia de este federalismo argentino siempre mentado sin que se llegara jamás, no se haya reaccionado en busca de una organización que concluyera con la `oligarquía', fruto del federalismo".⁶¹

La consecuencia de ello sería la burla constante del sufragio popular.

"La preparación para las futuras elecciones de Presidente de la República determina el anhelo de apoderarse de las Nitua- ciones" provinciales. No se cuentan los votos del pueblo, se cuentan los de los gobernadores... �Y los federalistas siguen creyendo en las elecciones de origen popular!"⁶²

La solución que Rivarola propone a la radical ilegitimidad de dicho sistema político no consistía, sin embargo, en la efectiva ampliación de los derechos políticos. Lo que proponía (y con ello le parecía suficiente para terminar con las prácticas inmorales de los gobernadores) era abandonar la vieja Constitución federalista, dando lugar a nuevas formas unitarias de gobierno:

"Ante la gravedad del problema, los partidos populares no ven otra solución que el cumplimiento de la Constitución federal y el sufragio libre; y parten de una premisa que se tiene por verdadera. Yo veo de distinto modo, y por mi convicción y mi alejamiento de los partidos políticos, que encuentro ilógicos, escribo con entera independencia lo que pienso. La solución no resultará de empeñarse en cumplir un Constitución imposible: estará en adoptar un nuevo régimen posible".⁶³

N. Matienzo, otro de los miembros del equipo editorial de la Revista de Ciencias Políticas, quien compartía con Rivarola y sus colegas las preocupaciones por el descrédito y el aislamiento en que había caído el régimen, parecía tener, sin embargo, una visión más compleja de la situación. Reprochaba a Rivarola su exclusivo énfasis en las cuestiones relativas a las formas de gobierno y al modo de ejercer el sufragio popular. El verdadero dilema no lo entendía Matienzo tanto en términos de una antinomia entre federalismo versus unitarismo. El sistema federal no era intrínsecamente perverso, ni la causa última de los males en el gobierno. "Hay tantos federalismos como naciones federales", afirmaba en El gobierno representa- tivo federal, "cada pueblo tiene su Constitución particular y su modo peculiar de practicarla".⁶⁴ Al respecto, creía suficiente el ceñirse a un estricto respeto al espíritu de la Constitución existente, que era, en definitva, lo que se había violentado en la práctica.

Para Matienzo, pues, la raíz del mal no estaba tanto en la Constitución misma como en el hecho de que el marco institucional por ella consagrado se hubiera trastocado y convertido en una mera cáscara, tras la cual se escondía un sistema de favores y servicios personales a través del cual la clase gobernante no sólo lograba perpetuarse en el poder, sino que impedía a la vez encontrar en su seno conciencias culposas que no se viesen ya atrapadas, ellas mismas, en la red de ese juego sutil en donde todos sabían cómo hacer olvidar las posibles "desprolijidades" legales. Y si ello había sido útil, quizás, para la conformación de una clase política homogénea, en la que la unidad de principios y valores reinante permitía un grado de estabilidad al sistema imprescindible para la consolidación del orden, llegado el momento de su necesaria reforma se convertía en un obstáculo insalvable.

Por otro lado (y esto era aun más grave), toda apelación a la opinión pública le parecía inútil a Matienzo, dada su ausencia, debido justamente a que semejantes prácticas políticas habían impedido su formación. Las tendencias dominantes parecían oscilar entonces, peligrosamente, entre un régimen socialmente aislado y un "partido de los indiferentes", que crecía continuamente, y, llegado el caso, podía engrosar el capital de un movimiento fuertemente contestatario que pusiera en peligro el propio sistema institucional, como lo demostraran los acontecimientos del '90. En este hecho, la ausencia de una opinión pública, y no en la Constitución, radicaría, pues, la causa última de la debilidad del régimen, y era la que había realmente que combatir.

"Los vicios sustanciales que las perturban no dependen de la estructura federal establecida por la Constitución, sino de causas más hondas que la simple distribución del poder político entre la autoridad central y las locales. Lo que ante todo surge con evidencia ante el investigador es la incapacidad demostrada hasta ahora por el pueblo para el ejercicio del sistema representativo".⁶⁵

De allí que la solución tampoco pudiera provenir simplemente de la ampliación de la participación política, sino que requiriese previamente un saneamiento moral del régimen y sus partidos encargados de realizar su autoregeneración; de alcanzar entre ellos una suerte de "compromiso ético" que permitiese erradicar las prácticas visiblemente viciosas en el ejercicio de la función pública.

"Antes de fundar partidos reformistas sería más urgente educar el criterio de los ciudadanos, elevar su nivel ético y hasta formar ligas encargadas de defender la moral común que todos los partidos deben profesar como condición sine gua non de todo progreso institucional".⁶⁶

El proyecto reformista parecía, pues, comprenderse a sí mismo como la empresa de autoregeneración de aquellas prácticas que habían teñido de ilegitimidad el régimen y conducido al mismo a un aislamiento social peligroso. La salida de tal aislamiento no se concebía, por lo tanto, en términos de una expansión del ejercicio efectivo de los derechos políticos, sino en lograr una mayor transparencia pública de los actos de gobierno que permitiera integrar progresivamente al debate institucional a los "indifer- entes", y así ir comprendiendo en él a una sociedad que se había hecho mucho más rica y compleja que aquélla que diera origen al orden político existente. En definitiva, lograr superar esta suerte de atrofia que afectaba a aquéllos que debían ser los vasos comunicantes entre el poder y la sociedad.

Si bien el desafio estaba planteado, la urgencia de tal transformación no parecía aún apremiante, no obstante. La prosperidad económica, se sabía, tranquilizaba los espíritus y alargaba los plazos.

"No hay que desesperar si el tiempo no trae con la deseada rapidez el perfeccionamiento de las instituciones. Lo que interesa, sobre todo, es que el país se reconozca a sí mismo... Y reconozcamos, asimismo, que las deficiencias institucionales no han obstado a que la República Argentina progrese en población, en riqueza, en cultura y en libertad civil".⁶⁷

De todos modos, la debilidad del sistema ya no podía soslayarse. La realidad de los acontecimientos habría finalmente de acercar sus propias soluciones, empujadas por el reclamo de participación de los nuevos actores sociales que habían emergido junto a la Argentina de las "vacas gordas" y los políticos inescrupulosos. Estos van a apurar una ampliación del sistema de representación más allá de lo que los propios ideólogos del proyecto reformista habían previsto. Sus consecuencias serían también insospecha- das.⁶⁸ La ampliación (en la práctica, bastante restringida)⁶⁹ del espacio político, que tenía por finalidad incorporar los sectores políticos y sociales emergentes al orden hegemónico, terminaría abriendo las puertas a un nuevo juego político que ya no tendrá al antiguo personal político en su centro ni se ordenará según las reglas con las que éstos habían gobernado treinta años una Argentina cuya modernización empezaba a mostrar sus escondidas limitaciones. Con la sanción de la Ley Sáenz Peña encuentra también su término, sólo previsible visto retrospectivamente, una historia desenvuelta por los complejos senderos de un siglo agitado de vida política, y cuyos lineamientos raramente sintieron obligación alguna de ceñirse a las premisas de cierto modelo liberal de constitución de un sistema político moderno de gobierno, que algunos presuponen como el único natural.

Conclusiones

El seguimiento precedente de las diversas líneas de pensamiento que se sucedieron a lo largo del siglo pasado en Río de la Plata, aunque sumario, basta para demostrar que el tan mentado desencuentro entre liberalismo y democracia no puede explicarse como una mera respuesta a determinadas realidades que hacían aún inconcebible la aplicación de principios de cuya validez, en la teoría, no cabía, por auto-evidentes, duda alguna. Las supuestas "desviaciones" de los principios liberales -entendidos como formando una suerte de herencia compacta; integrando un sistema coherente e inmutable de premisas fijas, aunque más o menos "bastardeadas" en la práctica- se revelan ahora como constituyentes y constitutivas de discursos siempre incrustados en una historia política jalonada por rupturas y permanentes redefiniciones. El supuesto que guía este trabajo es que entre los discursos y las prácticas políticas no existe una mera relación mecánica de adecuación (o inadecua- ción) recíproca. Una no pre-existe a la otra, sino que constantemente se redefinen mutuamente en el juego de su interacción histórica. Si lo que por mucho tiempo fue un ideal (el sufragio universal efectivo) termina imponiéndose en la realidad, lo hará en un contexto muy diverso al que fuera inicialmente concebido, y cuando las ideas y fundamentos teóricos sobre los que originariamente se sustentaba habían sido ya definitivamente abandonados junto con las realidades históricas en función de las cuales había sido pensado. Tales circunstancias no representan meros "accidentes" en su trayectoria, sino que modificarán su mismo concepto.

Imaginado alguna vez como el instrumento para la emancipación de individuos supuestos como originariamente autónomos, advertida luego la persistencia de las condiciones de desigualdad que la propia sociedad imponía a los hombres como condición de posibilidad para su propia reproducción como tal, terminaría finalmente por convertirse en el esquema mediante el cual institucionalizar tales desigualdades. No será este giro lo que forzará, sin embargo, las redefiniciones en el legado iluminista-liberal (el pensamiento de la Ilustración no carecía de criterios de exclusión política), ni tampoco el hecho de enfrentarse a una realidad demasiado ceñida a sus tradiciones, sino precisamente las consecuencias que la misma quiebra de tales tradiciones había generado. Es la propia convulsión desencadenada con las guerras de la independencia, a las que el pensamiento iluminista brindara sustento ideológico, lo que tornaría inactual tal modo de pensamiento y motorizará las sucesivas reelaboraciones que se suceden hasta mediados del siglo pasado.

Con el romanticismo se produce una refiguración de los modos de concebir lo social; modos que no pueden concebirse como meras formas más o menos bastardeadas del legado liberal iluminista originario. Las nuevas premisas de pensamiento se fundarían sobre la base de un concepto distinto de la sociedad moderna como una forma inédita de existencia colectiva, dotada de una dinámica propia, y a la que sus élites debían tratar de comprender y dirigir. El ejercicio del poder se ligaba, así, a la posesión de un "saber" objetivo, que, sin embargo, si bien no se confundía con la "voluntad popular", no podía tampoco oponerse a ella (al menos no considerada en un sentido histórico). La afirmación del régimen rosista enfrentará, no obstante, a los románticos argentinos a la situación paradójica de un aparente divorcio, en las tierras rioplatenses, entre la razón y la voluntad popular, lo que teñiría la historia local de un no por familiar menos problemático aire de irracionalidad. Las realidades locales parecían desafiar entonces su conceptualización según los términos propuestos por el evolucionismo histórico.

El período de la "organización nacional", asociado a un nuevo modo del ejercicio de la práctica política (que se despliega en el ámbito de una esfera pública ampliada), iniciaría la reconciliación de las élites criollas con su pasado y sus poblaciones nativas, proceso que se expresa en el modelo historiográfico ensayado por Mitre. La "razón reflexiva" de las élites y la "razón espontánea" podrían entonces convivir armoniosamente (al menos, a los ojos de Mitre), pero sólo hasta que el proceso de complejización social que el mismo orden generara comenzara a dar sus frutos. El mismo pronto tornaría anacrónico un modelo fundado en una apelación directa a las masas urbanas a través de los diversos canales informales de participación política que por entonces proliferan. El modelo mitrista, luego asociado al de una democracia plebiscitaria fracasada en Francia, se convertirá, así, en el objeto de una serie de críticas, que abrirán paso a una nueva reconfiguración del pensamiento liberal no menos radical que la producida medio siglo antes con la emergencia del romanticismo.

El período de la llamada "organización nacional" representó, básicamente, la afirmación de un modo nuevo de hacer política, y de concebir la naturaleza del poder. Hacia mediados de la década de 1870, tal modelo comienza a mostrar sus fisuras. Y con ello se esbozan las primeras redefiniciones de las categorías políticas sobre las que se fundaba. Los primeros en avanzar nuevas fórmulas de pensamiento serán los sectores conservadores católicos, pero las mismas pronto serán apropiadas por los sectores liberales y progresistas para afirmar su proyecto reformista. En el nuevo concepto de la representación política habrán de abandonarse progresivamente las categorías de "masas" y "élites" como articuladoras de un saber objetivo sobre lo social, para dejar su lugar a la idea de "clases sociales", entendidas como entidades relativamente autónomas, cada una poseedora de una racionalidad y, por lo tanto, de un tipo de saber específico (algo inconcebible para la generación anterior). Se quebraba, así, la idea romántica de la unidad de la razón. La idea asociada de "democracia orgánica" que surge entonces aparecerá como resultante de intereses, si bien no necesariamente contradictorios entre sí, siempre particulares e irreductibles: en la "Argentina aluvial" la "república ampliada" de los reformistas sería la mejor adecuada a lo que aparecía como un conglomerado altamente inestable que sólo se puede mantener unido por la permanente negociación estratégica entre perspectivas encontradas. Semejante idea, que se encuentra en la base del proyecto de apertura política iniciado tras la Revolución del Parque, conducirá, sin embargo, en 1916, a consecuencias inesperadas. Y ello quizás ayude a explicar algunas de las razones de la fragilidad de su constitución posterior.

La evolución histórica del concepto de representación política, cabe afirmar, pues, no respondió a razones sencillas ni a diseños ya contenidos en las propias premisas del pensamiento liberal. Del mismo modo, las diversas redefiniciones que se operan en él no son, por otra parte, inherentemente más democráticas o autoritarias (como sugieren las antinomias usuales entre organicismo y mecanicismo, o historicismo e iluminismo) que la originaria, sino abiertas a distintas posibles lecturas y aplicaciones.⁷⁰ Y ello porque su traducción en fórmulas políticas concretas no se despliega en el terreno de la pura lógica de los conceptos, sino en el seno de prácticas políticas, históricamente determinadas, de las que los sistemas de pensamiento no son sino una parte constitutiva; prácticas que, además, en el Río de la Plata, han sido lo suficientemente complejas y cambiantes como para desafiar los intentos de su reducción al mero desarrollo lineal de un supuesto modelo, definible a priori, de "república posible".

Este trabajo fue elaborado como parte de un programa de investigación dirigido por la Dra. Hilda Sábato. A ella quiero agradecer la paciente lectura de diversos borradores y sus valiosos consejos.

NOTAS

Ver Tulio Halperín Donghi, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla (Buenos Aires: Siglo XXI, 1972), pp. 52 y ss..
Algunas de las obras más significativas sobre el tema son: C. Alberini, Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino (Buenos Aires: Docencia, 1981); N. Botana, La tradición republicana (Buenos Aires: Sudamericana, 1984); B. Canal Feijóo, Constitución y revolución (Buenos Aires: Hyspamérica, 1986); L.J. Guerrero, Tres temas de filosofa en las entrañas de Facundo (Buenos Aires: Docencia, 1981); J. Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas (Buenos Aires: Problemas, 1946); A. Kom, Influencias filosóficas en la evolución nacional (Buenos Aires: Claridad, 1937); y J.L. Romero, Las ideas políticas en Argentina (México: F.C.E., 1984). La lista detallada de autores y obras que han desarrollado este tema sería casi infinita, y una evaluación de los diferentes matices y diferencias, y aun marcadas oposiciones que, ciertamente, no faltan en ella, resulta completamente fuera del alcance de este trabajo. Una aproximación a ello puede encontrarse en Elías Palti, Sarmiento. Una aventura intelectual (Buenos Aires: Instituto de Historia Argentina y Americana -UBA-, 1990), Cuadernos del Instituto Ravignani No. 3, "Introducción". De todos modos, no resultará sorprendente, para aquéllos familiarizados con la historia argentina, descubrir que las rígidas dicotomías instaladas en su historia intelectual, sobre todo a partir de la irrupción del peronismo, han casi obligado a que aun los más ásperos debates y constrastantes opiniones en la subdisciplina hayan funcionado todos sobre la base de la matriz de pensamiento que aquí someramente se expone.
Una perspectiva tal se encuentra en realidad fuertemente enraizada (de allí, probablemente, su pregnancia) en una tradición de pensamiento, marcadamente dicotómica, que no es exclusiva para el caso de Argentina. La idea de una oposición radical entre ideales progresistas y conservadores forma parte de un concepto del proceso de modernización en Occidente como un fenómeno compacto ["una serie de secuencias y componentes cuya relevancia es global", al decir de D. Lerner, The Passing of Traditional Society (New York: Free Press, 1964), p. 46] que ordena los diversos niveles de la realidad, incluidos los sistemas de pensamiento. El antagonismo entre el "espíritu de Mayo" y las tradiciones locales sería, pues, un capítulo más en la larga historia de lo que Talcott Parsons llamó la lucha, en la construcción de las sociedades modernas, entre "universalismo" y "particularismo". Para una crítica de este enfoque, ver R. Bendix, "Tradition and Modernity Reconsidered", Comparative Studies in Society and History 9.3 (Apr. 1967): 292-346.
N. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916 (Buenos Aires: Sudamericana, 1977).
C. Alberini (op. cit.) consagraría la fórmula de "iluminismo de fines e historicismo de medios" para caracterizar la naturaleza del pensamiento liberal postrevolucionario, fórmula que se convertirá en el lugar común en la historiografia intelectual argentina.
Ver N. Botana, op. cit., 13; J.L. Romero, op. cit., pp. 182-186.
P. Rosanvallon, Le moment Guizot (Paris: Gallimard, 1985), p. 13.
T. Halperín Donghi, op. cit., pp. 178-179.
M. Moreno, "Sobre la misión del Congreso Constituyente", en Escritos económicos y políticos (Buenos Aires: La cultura argentina, 1918), pp. 279.
B. de Monteagudo, "Estado actual de la revolución", 10/7/20, en Horizontes políticos (Buenos Aires: Jackson, 1953), p. 189.
Monteagudo, Horizontes, p. 218.
Citado por S. Medrano, "Los aspectos sociales en el debate sobre la ciudadanía en 1826", Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires, 1953), Año VIII, N� 35, p. 1169.
En un contexto análogo, ya a Sieyés se le planteó la misma contradicción. Cf. Prelot- Lescuyer, Historia de las ideas políticas (Buenos Aires: La ley, 1986), p. 296.
T. Halperín Donghi, "Liberalismo argentino y liberalismo mexicano", en Espejo de la historia (Buenos Aires: Sudamericana, 1987), p. 158.
Citado por Medrano, ibíd., p. 1168.
Citado por Medrano, ibíd., p. 1169.
T. Halperín Donghi, Historia Argentina. De la revolución de la independencia a la Confederación Rosista (Buenos Aires: Paidós, 1972), pp. 167-169.
Ya The British Packet, por ejemplo, advertía que "las instituciones que no están fundamentadas o sostenidas por la costumbre no pueden durar en ningún pueblo" (The British Packet, Buenos Aires: Hachette, 1953), p. 46.
Dicha distinción era ajena al pensamiento iluminista, en cuyo contexto el término de "sociedad civil" incluía al estado y se utilizaba en oposición a la idea de "estado de naturaleza".
E. Echeverría, "Ojeada retrospectiva", Dogma socialista (Buenos Aires: Jackson, 1944), p. 28.
Guizot, una de las "autoridades" del romanticismo rioplatense, ya por entonces había distinguido los individuos de las situaciones; y, dentro de ellas, comparaba la de político a las otras profesiones liberales, con la particularidad de ser ellos quienes se constituyen en una verdadera síntesis de la sociedad, a la que expresan en lo mejor de lo que éstas poseen disperso dentro en la masa de su población.
J.B. Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho (Buenos Aires: Biblos, 1984), p. 256.
Echeverría, ibíd., p. 15.
Echeverría, ibíd., p. 44.
Echeverría, ibid., p. 45.
Alberdi, Fragmento, p. 147.
Botana, op. cit.. Esta distinción aparece en realidad en obras posteriores a Bases, y precisamente con motivo del fracaso del proyecto político allí diseñado producido por la secesión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación en septiembre de 1852. Ver Elías Palti, "El pensamiento de Alberdi", Tesis de Licenciatura presentada a la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1989.
J.B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización nacional (Buenos Aires: Plus Ultra, 1985), p. 125.
Alberdi, Sistema económico y rentístico (Buenos Aires: Escuela de Educación Económica y Filosofia de la libertad, 1979), p. 353.
Actas del Congreso Constituyente Nacional, sesión del 20 de abril de 1853.
Alberdi, Sistema económico, p. 46.
Ver Hilda Sábato, "Participación política y espacio público en Buenos Aires, 1860-1880", en El reformismo en perspectiva (Montevideo: Centro Latinoamericano de Economía Humana/ Ed. Banda Oriental, 1989).
Sobre el sistema político porteño instaurado entre 1850 y 1880 ver H. Sábato y E. Palti, "�Quién votaba en Buenos Aires?: Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880", Desarrollo Económico, 30, 119 (Oct.-Dic. 1990): 395-424.; y H. Sábato, "Citizenship, Political Participación and the Formation of the Public Sphere in Buenos Aires 1850s-1880?, Past & Present, 136 (August 1992): 139-163.
Sobre las desigualdades de la producción romántica en el Río de la Plata, ver E. Palti, "El pasado colonial en la historiografia romántica: el legado conflictivo", Torre de papel 3.1 (Spring '93): 4-25.
La primera de ellas surge en 1863: Revista de Buenos Aires, dirigida por M. Navarro Viola y V.G. Quesada. En 1869 Trelles funda la Revista del Archivo General de Buenos Aires, a la que siguieron otras, la más importante de las cuales fue la Revista del Río de la Plata, dirigida por V.F. López, A. Lamas y J.M. Gutiérrez.
J.B. Alberdi, Peregrinación de luz del día (Buenos Aires, CEAL, 1978), p. 27.
Ver Juan Ramos, El derecho público en las provincias argentinas (Buenos Aires: Facultad Derecho y Ciencias Sociales, 1916).
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia de Buenos Aires (1870-1873), I, p. 260.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, I, p. 259.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 82.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, 11, p. 82.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 96.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 96.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, pp. 79 y 81.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 96.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, I, p. 306.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, 1, p. 334.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, I, pp. 302 y 301.
Ver E. Gallo y R. Cortés Conde, La República conservadora (Paidós: Buenos Aires,1984).
Ver N. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916 (Buenos Aires: Sudamericana, 1977).
D.F. Sarmiento, "Condición del extranjero en América", en Obras Completas (Buenos Aires: Luz del día, 1951), vol. XXVIII, pp. 176 y 226.
Ver J. Balestra, El noventa (Buenos Aires, Hyspamérica, 1984).
Las multitudes argentinas, de J.M. Ramos Mejía, es el texto clásico sobre el tema.
Ver C. Nicolet, L'Idée républicaine en France (París: Gallimard, 1982).
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 113.
Actas de la Asamblea Constituyente de la Provincia, II, p. 278.
J.L. Romero, Las ideas políticas en Argentina, op. cit., capítulo VI.
Ver E. Palti, "El pasado coloniaP, op. cit., pp. 16-21.
J. Ingenieros, Sociología Argentina (Buenos Aires: Hyspamérica, 1987), p. 51.
Sobre la trayectoria política de Joaquín V. González ver D. Roldán, De la certeza a la incertidumbre: el periplo de un liberal consecuente (Buenos Aires: CEDES, 1988).
R. Rivarola, "Del régimen federativo al unitario", en Ensayos Históricos (Buenos Aires: FFyL, 1941), p. 181.
Rivarola, ibid., p. 57.
Rivarola, ibid., p. 201.
J. Matienzo, El gobierno representativo federal (Madrid: América, 1917), p. 20.
Matienzo, ibid., p. 339.
Matienzo, ibid., p. 325.
Matienzo, ibid., p. 341.
Ver N. Botana, El orden conservador, op. cit., capítulo IX; y J. Cárcano, Sáenz Peña. La revolución por los comicios (Buenos Aires: Nuevo Cabildo, 1963).
La participación real nunca superó el 10% del electorado. Ver E. Gallo y R. Cortés Conde, La república conservadora, op. cit., p. 232.
En sus últimas conferencias, Foucault cuestionaba incluso si el pensamiento liberal puede considerarse una doctrina o aun un conjunto de doctrinas. El prefiere calificarlo como un "estilo de pensamiento" definido esencialmente en términos de lo que llama "el arte de gobernar". Ver G. Burchell y C. Gordon, comp., The Foucault Effect. Studies in Governmentality (Chicago: The University of Chicago Press, 1991).

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