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| VOLUMEN 8 - Nº 1 |
| ENERO - JUNIO 1997 |
Pensamiento Político en América Latina
Liberales y conservadores en México:
diferencias y similitudes.
JOSEFINA ZORAIDA VÁZQUEZ
El Colegio de México
Esta interpretación oficial pasa por alto el amplio abanico de expresiones que presenta el pensamiento político por la compleja serie de sucesos y circunstancias en las que emergió México de la Nueva España. En su ensayo conmemorativo del "triunfo de la República" (1967), O'Gorman desmentía la visión tradicional insistiendo que el viejo virreinato encerraba "el germen del ser de México [pero] incluía no uno, sino dos Méxicos distintos".1 Para él, la lucha emprendida por esas dos potencialidades para afirmarse una sobre la otra, al forzar la constitución "histórica", provocó las asonadas, planes y cartas constitutivas que se sucedieron hasta la imposición definitiva de la república en 1867.
Hale, por su parte, persiguió las fuentes en que abrevó el liberalismo mexicano, lo que le permitió definir la orientación especial que le dieron sus "peculiaridades culturales e institucionales"2 y explicar cómo antes del desastre de la guerra con Estados Unidos (1846-48), los "partidos" que poco después constituirían los liberales y conservadores (entonces definidos como federalistas y centralistas) tuvieran campos de coincidencia.3 Noriega, a su vez, llevó a cabo un serio análisis del pensamiento conservador y de sus fuentes.4 A pesar de esas contribuciones, la interpretación oficial permaneció casi intacta, ya que fue redondeada al triunfo liberal a base de acusaciones partidistas contemporáneas y cuya vigencia ha abonado el desconocimiento de las instituciones coloniales y los eventos que el Imperio español enfrentó durante el siglo XVIII, esenciales para comprender el sincretismo político del siglo XIX mexicano, en el que ilustración y liberalismo se mezclaron con ideas y prácticas tradicionales, como nos ha mostrado Antonio Annino.5
Este trabajo tiene un objetivo limitado: caracterizar el complejo contexto novohispano que acogió las ideas derivadas de las revoluciones atlánticas que, reinterpretadas en ocasiones, iban a influir en el surgimiento de la nueva nación.
Es difícil definir tanto liberalismo como conservadurismo6 por las diversas formas que tomaron;7 aquí lo acotaremos como empeño por transformar la sociedad, afirmar las libertades individuales oponiéndose a los privilegios, secularizar la sociedad y limitar el poder del gobierno mediante la representación política y el constitucionalismo. Estos principios, que empezaron a consolidarse en el siglo XVII con la revolución inglesa, se habrían de imponer a lo largo de los siglos XVIII y XIX, terminando por sustituir a la sociedad orgánica formada por corporaciones, por otra constituida por individuos, y a un Estado que intervenía en todas las actividades humanas y "cuyo principio era el orden", por otro "cuyo principio es la libertad y cuya norma el laissez fi7ire, y de un gobierno y un derecho cuyas bases eran el privilegio y el particularismo, a un gobierno y un derecho cuyas bases son la igualdad y la generalidad".8 La ilustración dieciochesca, con su convicción de que las fuerzas de la historia conducían al progreso, convirtió en modelo al sistema inglés y llevaba implícito el liberalismo. Las revoluciones norteamericana y francesa consolidaron y difundieron la soberanía popular, los derechos del hombre, la igualdad ante la ley, la tolerancia religiosa, la división del gobierno en tres poderes y los derechos políticos. La norteamericana, gracias a que su burguesía había gozado de representación local, no presentó el radicalismo que caracterizó a la francesa, cuyos excesos generarían reacciones y reflexiones sobre las limitaciones del racionalismo y el poder de las fuerzas históricas. La aplicación de los nuevos principios daría lugar a una gran variedad de posiciones, incluyendo la que se ha calificado de conservadora, definida con referencia al radicalismo ilustrado y su inmanentismo y visión de la historia humana como proceso abierto y ascendente, capaz de conquistar el progreso. Edmund Burke ha sido considerado el gran inspirador del conservadurismo, aunque Hale nos recuerda que en realidad también es el doctrinario del liberalismo inglés,9 que acepta la secularización de la vida, pero defiende la tradición y sus "libertades históricas" y está comprometido con un sistema de valores trascendentes. Burke influyó en liberales que, como Benjamín Constant, criticaron el radicalismo de la Revolución Francesa.
La intervención napoleónica en la península proporcionó la coyuntura propicia para el quiebre del Imperio español. La crisis no sólo afectó a la propia metrópoli, sino también a los reinos de ultramar, con características semejantes. Las tendencias políticas mexicanas del siglo XIX tuvieron, por supuesto, una amplia gama de matices, lo que dificulta su clasificación. El conservadurismo mexicano a menudo se caracteriza en forma simplista, como defensa de la tradición hispánica y, por tanto, centralista, corporativo, clerical, militarista y monárquico frente a un liberalismo también monolítico, al que sólo se le reconoce la división en radicales y moderados. Esta visión pasa por alto que todas las tendencias se nutrieron en las mismas fuentes, por lo que los "partidos" coincidieron en muchas temáticas, tal y como lo hizo notar Hale.10 El liberalismo mexicano se ha tipificado en diversas formas. Para Jesús Reyes Heroles hay un liberalismo económico-social y otro político-jurídico. En el primero engloba los temas fundamentales de la propiedad y del librecambio y la protección, y en el segundo, las libertades, la vinculación del liberalismo con la democracia, la secularización de la sociedad y la identidad liberalismo-federalismo.11 Moisés González Navarro utiliza como base de su tipología la relación "de las ideas de las facciones políticas con los intereses de las facciones de la clase dominante" y lo divide en individualista y social.12 Por su parte, Alan Knight distingue tres tipos de liberalismo a lo largo del siglo XIX, que responden a cambios sociales, económicos y políticos, que sin sustituirse, acumulan "ideas, programas y grupos liberales". Para Knight, el liberalismo constitucional que pugna por un gobierno representativo, los derechos jurídicos y el federalismo como camino para un equilibrio entre el poder central y el estatal y municipal, surge en la década de 1820 y resurge en la lucha maderista. El institucional aparece después para desmantelar la sociedad colonial mediante la abolición de los fueros, de la propiedad de la Iglesia y de las comunidades. En el último cuarto de siglo floreció su última expresión, el desarrollista, cargado de positivismo.13 Dos ideas de Knight resultan muy importantes: el carácter acumulativo de ideas y programas y la vigencia del liberalismo durante el porfiriato, aunque preferentemente en sus metas económicas.
Hale prefirió aproximarse al liberalismo mexicano a través de los temas que lo acotan (estructura, constitucionalismo, privilegios de las corpo- raciones, utilitarismo, el modelo norteamericano, el indio y el desarrollo económico), y su análisis nos permite comprender muchas de sus contradicciones.
Este ensayo centra su atención en el primer liberalismo, es decir el que precede a la Reforma, antes de que entre en acción la primera generación formada completamente en un México independiente. Este primer liberalismo tuvo como preocupaciones primordiales: la representación y la forma de gobierno, los derechos de los mexicanos y la igualdad ante la ley, la secularización de la sociedad y la desamortización de los bienes del clero. Por lo general se considera que sus enemigos fueron los reaccionarios, centralistas, personificados por los grandes propietarios, la Iglesia y el ejército. Sin embargo, es absurdo retratar a la Iglesia y al ejército como intituciones monolíticas, puesto que las dos corporaciones reflejaron la amplia gama ideológica de la sociedad. Asimismo es necesario darse cuenta de que la institución de los ayuntamientos constitucionales, la declaración de igualdad y la representación y las milicias establecidas por la Constitución de 1812 difundieron ampliamente el liberalismo, en especial, por haber sido aplicadas extensamente como instrumento contrarrevolucionario. Así, las instituciones del constitucionalismo gaditano y las promesas de la lucha insurgente politizaron ampliamente a la población, lo que explica que las medidas reformistas de medio siglo fueran apoyadas por movilizaciones populares.
La herencia novohispana
Se acepta generalmente que las reformas del absolutismo ilustrado causaron el malestar que condujo a la independencia, pero no siempre se toma en cuenta su contribución a los ideales del liberalismo mexicano. Los borbones pretendieron transformar el Imperio en "Nación española", mediante una serie de medidas de carácter individualista "protoliberal", como las ha llamado Horst Pietschmann.14 En ese caso estuvieron las reformas contra privilegios eclesiásticos y gremiales, la liberalización del comercio dentro del Imperio y las destinadas a beneficiar a las clases bajas de la sociedad como la prohibición del comercio de repartimiento y el fomento de la educación. El Conde de Aranda incluso llegó a abogar porque para "toda clase de empleos en América se nombren personas idóneas sin tomar en cuenta para nada su origen racial y social".15
Desde luego, el liberalismo entró a la Nueva España a través del constitucionalismo gaditano que consolidó el programa que se había fijado la ilustración absolutista borbona, pero inspirado en el constitucionalismo francés de 1791. Se puede afirmar que el constitucionalismo gaditano fue la influencia decisiva en el primer liberalismo mexicano, al que se le sobrepusieron el republicanismo y el federalismo norteamericano. Para comprender esta superposición federalista es necesario ponderar la idea generalizada del centralismo del Imperio español. La monarquía española, constituida por reinos superpuestos que conservaban ciertos fueros y privilegios, mantuvo la tradición de que el rey ejerciera su autoridad de acuerdo con las instituciones tradicionales de cada comunidad.16 Esta tradición, reformulada como doctrina por el neoescolaticismo, sería invocada por los americanos al recibir la noticia de las abdicaciones de Bayona en 1808. Por otra parte, otros factores influyeron para que la experiencia guberna- mental de la Nueva España distara de estar centralizada (tanto desde Madrid, como desde México) y favoreciera la formación de intereses locales representados por municipios de las capitales provinciales; desde luego estuvieron las distancias de la metrópoli y de la ciudad de México, combinadas con una orografía que dificultaba las comunicaciones. La Corona institucionalizó a los corregidores como sus representantes en los municipios, mas "al mismo tiempo concedió a las élites locales la consolidación de su poder, al convertir los cargos municipales en propiedad de sus representantes y el derecho de traspasarlos como herencia a sus descendientes".17 Por otra parte, la compleja organización política y la formación de redes comerciales favorecieron el desarrollo de un fuerte regionalismo; las jerarquías administrativas se convirtieron en instancias mediadoras que contemporizaron con los intereses locales de los que obtenían beneficios, neutralizando los mecanismos de control burocrático y generando una alianza entre autoridades locales y virreinales. Según Pietschmann, a todo ello se sumó una abundante legislación, "muchas veces contradictoria y poco clara [que] permitió que alianzas semejantes siempre encontraran alguna justificación legal para oponerse a las órdenes recibidas de la metrópoli". Y los esfuerzos de la Corona para contrarrestar esta "federalización clande- stina" siempre fracasaron.18 A todo esto se sumó que el empeño modernizador del Estado español para racionalizar la administración y hacer más productivos sus reinos reorgani- zara el espacio territorial. El objetivo era centralizar el aparato administrativo desde la metrópoli, pero la nueva división en intendencias (1786), que respondía a la integración de mercados locales,19 fortaleció el regionalismo.
La lucha decidida de la política borbona contra las corporaciones hizo de la Iglesia su blanco favorito; combatió a las órdenes religiosas y favoreció a los seculares, e inició la desamortización de sus bienes para solucionar sus problemas financieros. Estas metas borbonas las iba a mantener el libera- lismo gaditano y las heredaría el liberalismo mexicano.
El constitucionalismo gaditano
En el marco de las ideas ilustradas, el hecho sin precedente de que la dinastía borbona abdicara la corona en favor de Napoleón, el ayuntamiento de la ciudad de México en 1808 -al igual que los de las otras colonias americanas- iba a utilizar argumentos pactistas para establecer un gobierno autónomo en ausencia de un rey legítimo. En la Nueva España fracasó este intento legalista, lo que condujo a la insurrección armada, al tiempo que en la metrópoli se enfrentaba el mismo dilema y, para resolver el problema del gobierno provisional del Imperio mientras la península estaba invadida, se optaba por convocar a Cortes. Por primera vez, los americanos eran covocados a elegir los diputados que los habrían de representar en dicha asamblea. De esa manera, en medio de la insurrección colonial, los americanos, incluyendo a los indígenas, recibieron el derecho a voto y empezaron a participar en política. Las elecciones de diputados y la experiencia en los debates, tanto en las cortes constituyentes como en las ordinarias de 1820-23, sirvieron de invaluable experiencia para los diputados del Nuevo Mundo.
En las Cortes de Cádiz, la mayoría de los diputados eran enemigos del absolutismo y se inclinaban por el goce de libertades y un gobierno representativo a la manera de la constitución francesa de 1791. En su seno, por vez primera, se utilizó la palabra liberal para calificar a los que favorecían esa tendencia, que se enfrentaban a los que ellos llamaron "serviles". La Constitución de 1812, elaborada por las Cortes, reorganizaba el Imperio y consolidaba en gran medida el esquema borbón ilustrado. Se mantuvo la monarquía, pero sin absolutismo, optando por un gobierno constitucional con división de poderes, que para consolidar el Imperio como nación intentaba centralizar la administración desde la península. La Constitución declaró que la soberanía residía en la "nación", constituida por "todos los españoles de ambos hemisferios", que gozarían de igualdad como "ciudada- nos" (la excepción fueron los de sangre africana). No obstante, la nueva ley suprema mantuvo los fueros y la católica como religión única, características que iba a legar al liberalismo mexicano. Sin embargo, el liberalismo gaditano mantuvo el anticlericalismo borbón, al que agregaría un afán por limitar el poder del ejército permanente mediante la institución de milicias populares que controlarían el orden y dependerían de las provincias y los ayuntamien- tos.
El pensamiento gaditano sistematizó las influencias ilustradas y liberales que habían penetrado en el pensamiento novohispano. Entre las múltiples medidas instauradas por la Constitución de Cádiz, dos iban a afectar hondamente al reino de Nueva España: el establecimiento de ayuntamientos para el gobierno de los pueblos "en los que por sí o en su comarca, lleguen a mil almas", elegidos popular y directamente, y el de diputaciones provinciales, formadas por siete diputados que iban a colaborar con el jefe político en la administración de las provincias, cuya elección sería indirecta, al igual que la de los diputados a Cortes. Hay que subrayar que el centralismo de la Constitución de Cádiz sólo concedía representación política en las Cortes, dado que las diputaciones y los ayuntamientos eran instituciones administrativas bajo el control de los jefes políticos, pero que por las circunstancias en que se establecieron, ambas se apropiaron facultades que no les concedía la ley suprema.
La primera etapa de la aplicación de la Constitución de 1812 fue muy breve, pero alcanzó una gran difusión y vigencia dado que el Jefe Político de Nueva España, don Félix María Calleja, la utilizó como un instrumento contra- revolucionario para neutralizar a los insurgentes, legalizando las aspiraciones autonomistas de pueblos y ciudades. Como ha visto claramente Antonio Annino, la aplicación de la Constitución de 1812, "en medio de una sangrienta guerra civil y de la disolución del orden colonial... desencadenó un incontenible y masivo proceso de tranferencia de poderes del Estado a las comunidades locales, en particular a los pueblos, llevando así a su extremo la desintegración del espacio político virreinal".20 Los pueblos, en especial las repúblicas de indios que tenían experiencia electoral y de autogobierno, se apresuraron a utilizar los nuevos ayunta- mientos para mantener o ampliar su autonomía y el control de su territorio. A diferencia de los antiguos ayuntamientos que llegaban a 52, los constitu- cionales llegaron a los mil para 1821. Esto le restó representación a las ciudades, pues los ayuntamientos constitucionales fueron homologados con los antiguos, lo que traspasó el peso político de las ciudades a las comunidades rurales, que de por sí desempeñaron un importante papel en la lucha independentista con su control de las milicias y del cobro de contribuciones.
La Constitución, que reordenaba al Imperio en medio de su crisis, dejó resquicios que las comunidades supieron aprovechar. Por ejemplo, la ley gaditana no fijó a la ciudadanía requisitos de propiedad, ni de fiscalidad, sino que la fundó en la noción de vecindad. Es decir, que la pertenencia a una comunidad era la que permitía votar. Excluía a las castas y a los sirvientes domésticos, pero incorporaba a los indios, el grupo mayoritario de la sociedad. Y puesto que las juntas parroquiales formadas por vecinos gozaban de soberanía sobre sus actos, fueron las que determinaron quiénes eran ciudadanos, lo que permitió que en Nueva España votaran muchas veces castas y negros. El voto parroquial pudieron ejercerlo también los analfabetas, ya que en ese nivel era "cantado"; en las elecciones de partido y de provincia por ser secreto, requería saber escribir. De esa manera, sólo en los ayuntamientos la representación fue popular.
Aunque la difusión de las nuevas prácticas políticas fue muy amplia y permitió a los pueblos actuar como ciudadanos liberales, mantuvieron un imaginario y unos valores tradicionales.21 De ese modo, la Constitución tuvo dos lecturas: la de la élite, que la veía como garantía de gobierno representativo, y la de los pueblos, que la interpretaron como una nueva forma de pactismo entre el Rey y sus súbditos. De la misma manera tradujeron los conceptos modernos introducidos por la Constitución, como soberanía y libertad, a los términos concretos de la constitución histórica.
Hasta muy recientemente se consideraba que el liberalismo había llegado sólo a pequeños grupos elitistas, lo que pasaba por alto la revolución política que había acompañado a la lucha independentista. Mas la lucha permitió que los pueblos probaran su fuerza y el establecimiento de ayuntamientos constitucionales, que las nuevas ideas llegaran a todos los rincones. Las comunidades indígenas, una vez más, utilizaron su capacidad para apropiarse de las instituciones españolas para mantener su identidad y autonomía. La abolición de las repúblicas de indios con la concesión de la igualdad los llevó a utilizar los nuevos ayuntamientos para proteger sus cajas de comunidad y su autogobierno. Llegaron incluso a modificar las provisiones constitucio- nales y aumentaron el número de regidores concedidos por la ley para mantener la tradición de que cada uno de los pueblos de un territorio tuviera un representante.22 Asimismo ampliaron las facultades de los nuevos ayuntamientos para que controlaran la justicia. Además, la Constitución de Cádiz, al influir en la de Apatzingán, reafirmó el principio de representación territorial de los cabildos y de las provincias, lo que facilitó la consolidación de la independencia con el Plan de Iguala, ya que el ejército logró el apoyo decidido de los ayuntamientos.
Independencia y la forma de gobierno del Estado
La tradición ha considerado el móvil del movimiento iturbidista como reaccionario, a pesar de que el Plan de Iguala proponía una monarquía constitucional y el Imperio la estableció. Es más, el Estatuto Provisional consagró los derechos individuales.23 La monarquía constitucional hubiera sido una buena transición para evitar la ruptura con la constitución histórica, es decir, con el "conjunto de valores y de prácticas políticas percibida como legítimo",24 a las que los movimientos populares habrían de aludir una y otra vez.
La diferencia de concepto de quién representaba la soberanía enfrentó a Iturbide y al Congreso desde un principio; la falta de experiencia política imposibilitó toda negociación e Iturbide terminó por disolver el Congreso, lo que aumentó el malestar de las provincias descontentas por la representación corporativa y desproporcionada en el Congreso y los intentos de centraliza- ción fiscal. El ejército, convertido en el garante del nuevo pacto, aprovechó este agravio y, en el Plan de Casa Mata, exigió la elección de un nuevo congreso, asegurando el apoyo de la diputación de Veracruz25 y, según la práctica iniciada por Iturbide, enviando copia del acuerdo militar a diputaciones y comandancias de todas las provincias, que lo suscribieron.26 El fracaso monárquico puso en peligro la unidad, pues las provincias aprovecharon la coyuntura para declararse estados libres y soberanos,27 lo que complicó el tránsito a la república al producir un forcejeo entre el Congreso restablecido y los nuevos estados "soberanos". Desde la Constitu- ción de Apatzingán, los insurgentes habían optado por la forma republicana de gobierno. El absolutismo había desaparecido con la salida de la burocracia, ejército y clero "serviles", y los borbonistas residentes, monarquistas liberales, quedaron neutralizados por la oposición de las Cortes y de Fernando VII a aceptar la propuesta de Iguala.
De esa forma, el republicanismo de 1823, alimentado por el liberalismo gaditano y el norteamericano, se enfrentó ante la disyuntiva de optar por el federalismo como única posible respuesta al regionalismo para mantener la unidad. El nuevo Congreso Constituyente contó con un buen contingente de diputados a Cortes, donde habían defendido un cierto federalismo como solución a la cuestión americana.28 La experiencia política de los diputados les permitió percatarse de que sólo el federalismo podía salvar la unidad de los territorios novohispanos y se apresuraron a promulgar el Acta Constitutiva que lo consagraba.
Mas los debates no dejaron de presentar problemas. Algunos diputados, como fray Servando Teresa de Mier, objetaron la soberanía que reclamaban los estados e insistirían en que el federalismo desuniría lo unido; otros sostenían la tradición gaditana centralista como necesaria para constituir un gobierno fuerte que pudiera hacer frente a las amenazas externas. De esa forma el centralismo, temporal o permanente, tuvo muchos seguidores, sin que fueran necesariamente conservadores, como ha querido la tradición.
El Congreso Constituyente de 1824, al ser elegido proporcionalmente a la población, aseguró que las provincias del centro y del sur tuvieran mayor representación interesada en un gobierno federal, pero centrista. De todas maneras, la fuerza de las provincias periféricas hizo que éstas aseguraran un pacto casi confederal, con un gobierno nacional débil, dependiente fiscal y militarmente de los estados. A diferencia del federalismo norteamericano, el mexicano era mucho más radical y, como notaría más tarde Alamán, derivaba: "de la constitución española. que en sí misma no era otra cosa que una imitación de la de la Asamblea Constituyente de Francia".29 La constitución de 1824 y las estatales consolidaron al Legislativo como poder supremo, con consecuencias que Alamán analiza agudamente:
"no sólo no distinguió debidamente los poderes, no sólo no estableció un equilibrio conveniente entre ellos sino que debilitando excesivamente el ejecutivo, trasladó al legislativo toda la autoridad, creando en lugar del poder absoluto del monarca, un poder tan absoluto como aquél, y enteramente arbitrario".30En la carta de 1824, los derechos individuales se incluyeron en forma dispersa, pero algunas constituciones estatales especificaron los de igualdad ante la ley (restringida por los fueros del ejército y la iglesia), seguridad, libertad de imprenta y propiedad.
Los constituyentes dejaron a las estatales la legislación municipal. Es interesante observar que la mayoría de las constituciones estatales limitaron la existencia de ayuntamientos a poblados con 2.000, 3.000 o 4.000 habitantes, o sólo las cabeceras de partido, aunque mantuvieron su carácter de representación popular, con funciones electorales, administrativas y judiciales. Los poderes locales resistirían la reducción de funciones que les inflingiría primero el federalismo y luego el centralismo, lo que provocó una tensión casi constante entre pueblos y autoridades estatales.31 Las tensiones entre el gobierno federal y los estados se multiplicaron por el incumplimiento del contingente de numerario y de sangre que debían entregar los estados y por las transgresiones constitucionales ocasionadas por las facciones del Congreso Nacional. De manera que la división entre centralistas y federalistas se convertiría entre escoceses y yorkinos y, a fines de la década de 1820, entre hombres de bien y de progreso.
Para 1830, todos los políticos estaban convencidos de la necesidad de reformar la Constitución. Los escoceses-hombres de bien, en ocasiones centralistas, empezaron a ser calificados como conservadores por sus enemigos. Curiosamente, como ha notado Hale, no se dio una separación tajante. Lucas Alamán, considerado típico conservador, y José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, reconocidos como liberales, coincidían en la necesidad de convertir el voto en censitario -como antídoto a la demagogia-, en la necesidad de fortalecer el gobierno nacional, de secularizar la educación superior y de liberalizar la economía.
La discusión sobre la forma de gobierno se constituyó en la preocupación principal hasta el triunfo de la república federal en 1867, pero la diferencia más profunda en los grupos de opinión la ocasionó el estatus que debía tener la Iglesia y el destino de sus bienes. Al igual que los borbones, los "hombres de progreso" defendían la supremacía del Estado mediante el ejercicio del Real Patronato y pretendían también desamortizar los bienes eclesiásticos y suprimir las órdenes religiosas, relegando el papel de la Iglesia a la esfera espiritual. Mora veía en los bienes del clero la solución a los problemas financieros del Estado y creía que era esencial poner su capital en circulación para inyectar fuerza a la economía y crear la benéfica clase de pequeños propietarios que requería el camino al progreso. En esencia, el camino que Mora señalaba era el que seguiría la ley Lerdo, convirtiendo a los rentistas de la Iglesia en propietarios. En cambio, Zavala proponía rematar los bienes al mejor postor.
Por desgracia, el intento reformista de 1833 fue emprendido impolítica- mente y apoyado en una ley de proscripción de personas a las que se consideraba contrarias a las medidas que afectaban a la Iglesia. La "Ley del Caso", y el destierro de los obispos que protestaron el ejercicio del Real Patronato por el gobierno, generó pronunciamientos de los pueblos contra esos "excesos" anticonstitucionales32 y empezó a crear la brecha que separaba a los "partidos". En ese contexto, el desafio a la ley dictada por el Congreso en 1835 para limitar la milicia cívica, por los estados de Zacatecas y Coahuila y Texas, sumado a la amenaza tangible de independencia en la provincia texana, generó el temor de que el territorio nacional se desintegrara. Los centralistas aprovecharon la ocasión para promover el cambio de sistema gubernamental y lograron un acuerdo con los federalistas moderados, con el argumento de que la fórmula era más afín a la tradición mexicana y fortalecería al gobierno nacional con la administración de todos los recursos financieros del país.
Así las Siete Leyes (1836) establecieron la república central, pero dentro de un esquema liberal que mantuvo la separación de poderes, representación ciudadana, definió los "derechos del mexicano" e insistió en la necesidad de abolir el tribunal militar para igualar la ley, precepto que se suspendería ante el chantaje del ejército de debilitarlo en medio de la guerra con Texas. La intolerancia religiosa se mantuvo de acuerdo con la tradición católica borbona y gaditana, y ante la convicción de que la única liga real que unía a los mexicanos era la religión. Herrera y Lasso, al cotejar las constituciones centralistas con la de 1824, concluye que "el constitucionalismo centralista está vaciado en el molde federal remodelado a su vez ...por las aportaciones del régimen proscrito".33 Sin duda, el centralismo trató de revertir el poder de los pueblos y la "soberanía" de los estados, convertidos en departamentos. Además de aprobar el voto censitario, se redujo la existencia de ayuntamientos a aquéllos que existían en 1808, a los puertos con 4.000 almas y a los pueblos con 8 .000,34 y se les puso bajo el control de los prefectos y subprefectos, lo que había de atizar numerosos levantamientos.
Los constitucionalistas del 36, al empeñarse en contrarrestar los problemas provocados por el federalismo, crearon un exceso de checks and balances, entre ellos un cuarto poder, el supremo poder conservador, encargado de vigilar a los otros tres y de determinar la "voluntad nacional". El ejecutivo quedó paralizado ante la fuerza del poder del conservador y del legislativo y el sometimiento a la aprobación del consejo de gobierno.
Como los problemas que enfrentaba el Estado no eran sólo la forma de gobierno, sino la bancarrota, la paralización económica, las amenazas externas y la inestabilidad provocada por los movimientos autonomistas y las aspiraciones militares, el primer centralismo había fracasado para 1840. La brecha que había abierto la intolerancia de 1833 se ahondaría con la inoperancia del nuevo sistema de gobierno. Durante ese año, se buscaban alternativas y, mientras el ejército preparaba la dictadura, el federalista moderado José María Gutiérrez de Estrada proponía la monarquía "con un príncipe europeo". La propuesta no era en manera alguna conservadora, puesto que favorecía una monarquía constitucional. De todas maneras, la proposición causaría un escándalo mayúsculo, en buena parte promovido por el ejército, cuyos planes dictatoriales quedaron al descubierto, lo que no impidió que se pusieran en vigor en octubre de 1841.
La separación de departamentos marginales (Sonora, California y Yucatán) permitió que una nueva alianza de federalistas moderados y centralistas redactara las Bases Orgánicas. La nueva ley suprema era más flexible que las Siete Leyes: eliminó el cuarto poder, concedió mayor representación ciudadana y rebajó los requisitos exigidos para ser congresista, y aumentó los renglones de autonomía departamental.35 A diferencia de las Siete Leyes, las Bases dieron menor importancia a las garantías individuales y, en cambio, aumentaron las atribuciones del ejecutivo, al que se devolvió el control del ejército que tenía bajo el federalismo.
Los federalistas radicales desarrollaron su carrera pública durante la república centralista,36 lo que muestra que no hubo el enfrentamiento constante que hasta tiempos recientes se ha pintado. Mas en vísperas de la guerra con los Estados Unidos, al llegar la república a máxima debilidad, las posiciones se polarizaron. Federalistas y centralistas trataron de capitalizar la situación, acusándose mutuamente de la debilidad de la república. El segundo centralismo fracasó a pesar de las reformas promovidas por los federalistas moderados, que intentaban evitar un cambio radical de gobierno en un momento de peligro externo. En ese contexto se perfilaron dos grupos de tendencias conservadoras: un grupo militarista que acaudillaba Mariano Paredes y Arrillaga y un grupo monarquista, que promovía el ministro español Salvador Bermúdez de Castro en México, bajo un esquema desarrollado en España por el ministro Narváez. Este obtuvo el apoyo de Lucas Alamán, del comerciante español Lorenzo Carrera y del jesuita Basilio Arrillaga. Los conspiradores convencieron a Paredes a sumarse y los dos grupos, fundidos, establecieron la dictadura en 1846, como una transición hacia la monarquía.
Los monarquistas fundaron periódicos para hacer propaganda monar- quista, en especial El Tiempo, donde fueron definiendo su posición. Sin ambajes, defendían la monarquía y mostraban su fobia hacia el republicanismo, al que atribuían las luchas intestinas, la inestabilidad social y política desde 1821, en su empeño por borrar de golpe 300 años de historia. Uno de sus editorialistas, muy posiblemente Alamán, afirmaba que, si bien "sus principios son esencialmente conservadores", no por ello cerraban las puertas al progreso, sino que buscaban "en el tiempo pasado lecciones y experiencias para dirigir el presente", como germen del tiempo por venir.37 Aparentemente sostenían una monarquía representativa,38 centralista, con una representación por estamentos, un ejército fuerte que defendiera a la nación y la religión como fundamento de la nacionalidad. Gutiérrez de Estrada, que se mantenía en autoexilio en Europa, buscó entrevistas con Metternich, Luis Felipe, Palmerston y el Papa. Mas la pérdida de las primeras batallas con el ejército de Estados Unidos desarmó a Paredes, quien no tardó en perder el poder.
La situación del país era lastimosa: sin aliados, en bancarrota, sin recursos, dividido políticamente y con un ejército pequeño mal armado y poco profesional. Los radicales, denominados ahora puros, confiaban en que las instituciones democráticas del federalismo permitirían la movilización del pueblo para hacer frente a la invasión y buscaron el contacto con el general Santa Anna para restablecer la Constitución de 1824.
La toma de poder la facilitó el desprestigio del ejército y, en plena guerra, se restauró el sistema federal, pero la restauración de la soberanía de los estados dificultó la organización de la defensa. A esto se sumarían las medidas impolíticas del líder puro, Valentín Gómez Farías, que tanto detestaban los moderados. A fin de obtener fondos para la defensa, Farías aprovechó la ocasión para dar un golpe a la Iglesia con un decreto que autorizaba al gobierno a vender bienes eclesiásticos para reunir 15.000.000 de pesos, lo que ahondó las divisiones en un momento tan crítico.
Los moderados venían promoviendo los derechos individuales y el fortalecimiento del gobierno nacional para establecer un federalismo a la norteamericana39 y, con ese fin, lograron las reformas a la Constitución aprobadas en mayo de 1847. Estas subrayaban las garantías individuales y fortalecieron al ejecutivo con la eliminación de la vicepresidencia y al gobierno federal con los artículos 22 y 23. El primero declaraba que "toda ley de los Estados que ataque a la Constitución o a las leyes generales, será declarada nula por el Congreso" y el 23 concedía potestad a la Suprema Corte para resolver reclamaciones de anticonstitucionalidad de las leyes del Congreso general.40 Según Carmagnani, éstas, dictadas por la "conjugación entre la tendencia liberal y la federal", aseguraron la centralización política en toda la República y el reconocimiento de la esfera política y administrativa propia de los estados,41 posición que consolidarían los constituyentes del 57.
La definición y el choque de los partidos, 1849-1859
La derrota ante los Estados Unidos, la consiguiente pérdida de territorio y los levantamientos indígenas que sucedieron a la guerra sacudieron la conciencia de los mexicanos, lo que contribuyó para que la nueva generación de mexicanos, formados ya en la república independiente, definiera sus principios políticos.
Los moderados mantuvieron el control del gobierno hasta 1852, mas ante la situación deplorable del país, los individuos se agruparon de acuerdo a metas definidas, convirtiéndose en verdaderos partidos. Para ganar las elecciones, los monarquistas y grupos afines fueron los primeros en organizar un partido conservador en 1849. Los unió el respeto a los valores religiosos como base de la sociedad y el pasado como fuente de inspiración para planear el futuro, así como la convicción de la inconveniencia de la igualdad social y una hostilidad manifiesta a Estados Unidos. Sus voceros presentaron diferencias impor- tantes. Don Clemente de Jesús Munguía, quien según María del Refugio González definía "en forma concisa y clara" el pensamiento conservador, utilizó los "principios perfectos e inmutables del derecho divino",42 mientras los otros dos ideólogos conservadores, con preocupaciones y lecturas más amplias, abrevaron en los escritos ingleses: Juan Rodríguez de San Miguel, inspirado en Francis Bacon, y el promotor del partido, Lucas Alamán, en el defensor de la constitución inglesa, Edmund Burke. Fue éste quien precisó el sentido del nuevo partido:
"nos llamamos conservadores ¿Sabéis por qué? Porque quere- mos primero conservar la débil vida que queda de esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte; y después de restituirle el vigor y lozanía que puede y debe tener, que vosotros arrebatasteis y que nosotros le devolveremos... somos conservadores porque no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis: despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas ... el partido conservador no ha promovido ninguna revolución ... los hombres del partido conservador han figurado algunas veces en la administración pública, y han ejercido su influencia en los negocios; pero influir no quiere decir dominar".43Los esfuerzos conciliadores de los liberales moderados no pudieron sortear los innumerables retos que planteaba la situación interna y externa del país y, a principios de 1852, enfrentaron una crisis que desembocaría en un nuevo llamado de todos los partidos al indispensable Santa Anna. Para entonces, los fracasos políticos habían convertido a Alamán en un verdadero reaccionario, ahora opuesto a toda representación. Decidido a manipular al general veracruzano, se adelantó a escribirle una carta en la que le presentaba los principios del programa conservador:
"Es el primero en conservar la religión católica ... el único lazo común que liga a todos los mejicanos ... también que es menester sostener el culto con esplendor y los bienes eclesiásticos ...De- seamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos... Estamos contra la federación; contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se ha seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular... Creemos necesaria una nueva división territorial, que confunda enteramente y haga olvidar la actual forma de Estado y facilite la buena administración, siendo éste el medio eficaz para que la federación no retoñe. Pensamos que debe haber una fuerza armada en número competente para las necesidades del país ...Estamos persuadidos que nada de esto puede hacer un Congreso y quisiéramos que U. lo hiciese ayudado por consejos, poco numerosos".44En este nuevo intento, Alamán se inspiraba en el experimento francés de 1852 y, como ministro de Relaciones de la dictadura, pidió documentación al ministro Levasseur,45 a quien confesó don Lucas:
"es en su ilustre soberano en quien se fundan todas nuestras esperanzas futuras. Queremos calcar nuestras instituciones políticas de las de Francia, incluso querríamos poder seguir su ejemplo hasta el fin, estableciendo aquí una monarquía heredita- ria... lo cual es imposible, lo sé; y aunque falte el título de emperador al general Santa Anna, porque no puede adoptarlo, querríamos que tuviera tal autoridad y fuerza. Pero para obtener ese resultado necesitamos las simpatías de Europa en general y el apoyo de Francia en particular ... pues padecermos la constante amenaza de invasión de nuestros vecinos del norte".46Alamán redactó las "Bases para la administración de la República", pero la muerte interrumpió su proyecto el 2 de junio de 1853 y la república tuvo que sufrir una dictadura abusiva que cometió toda clase de excesos: nuevas cargas fiscales, aumento del ejército, venta de la Mesilla y exilio de los principales liberales radicales, quienes al convivir en Nueva Orleans iban a compartir ideas e ideales que pondrían en práctica el triunfo de la revolución de Ayutla.
Para ese momento, federalismo y liberalismo se habían fundido, tal vez porque el centralismo había pasado a ser sinónimo de conservadurismo, aunque el "liberal" Plan de Ayutla de marzo de 1854 no precisaba si las "instituciones republicanas" demandadas serían centralistas o federalistas. Declaraba la necesidad de constituir a la nación "de un modo estable y duradero", para que garantizara las libertades individuales y protegiera la . libertad de comercio.47
El centralismo, los onerosos impuestos para sostener el aumento del ejército y el boato de "Su Alteza Serenísima", y la venta de la Mesilla permitieron una gran movilización organizada por los pueblos y los estados. Aunque gran parte del ejército se mantuvo fiel al santanismo, las guardias nacionales y el apoyo de comerciantes y grupos medios llevaron a los liberales al triunfo en 1855. El fin de la lucha encontró dos partidos más o menos definidos, aunque con variantes.
Los liberales eran republicanos, pero mantenían la división en puros y moderados. Los conservadores eran republicanos o monarquistas, que a su vez eran constitucionalistas o reaccionarios a la Alamán. Los grupos de la Iglesia, fortalecida, aunque mantenían viejos contrastes, ahora se alineaban con el monarquismo al igual que muchos militares de alta graduación.
Los liberales, moderados y puros, deseaban la reforma, pero diferían en la forma de ponerla en práctica y el alcance de la misma; de todas formas, se les impondrían las necesidades de la realidad. Así, fue el moderado Ignacio Comonfort el que iba a decretar las primeras leyes reformistas: la Ley Lerdo, (junio 1856) que adjudicaba en propiedad a los arrendatarios o inquilinos todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a las corporaciones civiles y eclesiásticas, por el valor correspondiente a cada una, según su renta, calculada como rédito al 6% anual; si no tenían arrendatario, se venderían en subasta; la Juárez (noviembre 1856), que anulaba los fueros del clero y el ejército, y la Ley Iglesias (abril 1857), que prohibía el cobro de obvenciones parroquiales a los pobres y que respondía a los movimientos populares de la década de 1840.
El Congreso Constituyente de 1856 representó una amplia gama de opiniones, con un predomio de "progresistas" y, aunque los puros eran una minoría, llevaron la voz cantante. No obstante, no lograron que se aprobara la tolerancia de cultos, considerada fundamental para promover la colonización. La constitución de 1857 no difería mucho de la de 1824, pero ya no mencionaba la intolerancia religiosa y ampliaba las libertades y garantías de la libertad individual. A pesar de considerarse moderada, no tardó en provocar la reacción conservadora que significaría una guerra civil y, después, la intervención extranjera.
La reacción conservadora radicalizó al bando liberal. El mismo moderado Comonfort, después de someter el levantamiento de Puebla en 1856, intervino los bienes de la Iglesia poblana para que ésta pagara los gastos de la expedición. La promulgación de la Constitución, a pesar de ser conciliadora, no pudo evitar que algunos moderados y el partido conservador decidieran desconocerla, "para promover las instituciones análogas a sus usos y costumbres",48 dando principio a la sangrienta guerra de Tres Años. Benito Juárez, que abanderó al grupo puro, contó sólo con una parte menor del ejército y las populares guardias nacionales.
La resistencia conservadora sirvió para que Miguel Lerdo de Tejada, el más extremista anticlerical, exigiera la nacionalización de los bienes del clero. Aunque Juárez y Melchor Ocampo favorecían también la separación de la Iglesia y del Estado y la enajenación de los bienes para solucionar el problema hacendario, hacer circular el capital y crear la clase media propietaria indispensable para el desarrollo, consideraban necesario esperar el fin de la lucha, para no atizarla.49 Mas la lucha se alargó y la necesidad de recursos obligó a liberales menos exaltados, como Santos Degollado, a enajenar bienes de la Iglesia. De manera que el propio Juárez terminó por aceptar la promulgación de las Leyes de Reforma, cancelando la vía conciliatoria seguida hasta entonces. Así, entre el 12 de julio y el 6 de agosto de 1859, se promulgaron. Con la primera ley, la Iglesia y el Estado se separaban y se nacionalizaban los bienes del clero secular y regular. Las otras decretaron la desaparición de los monasterios de hombres y de mujeres, a excepción de los de profesas; además, se declaró la libertad de conciencia. Para despejar cualquier duda, el 4 de diciembre de 1860 una ley declaró la libertad de cultos. Otras disposiciones establecieron el registro civil de nacimientos y matrimonios y la secularización de cementerios.
Algo que vale la pena subrayar es que los puros superaban a los constituyentes de 1824 en su admiración de los Estados Unidos y, según parece, los hubo que llegaron a favorecer la anexión o el protectorado. Juárez y Ocampo parecen haber buscado sólo la adopción del sistema político para cambiar la sociedad y la firma del Tratado McLane-Ocampo sólo fue la expresión de la desesperación ante el sitio conservador, que pudieron vencer gracias al apoyo naval norteamericano, clave de la victoria.
Para neutralizar la amenaza de americanización, los conservadores favorecieron la intervención armada francesa, que al final sellaría su ruina. Una de las paradojas sería que Gutiérrez de Estrada elegiría al liberal Maximiliano de Habsburgo para la monarquía mexicana, quien, al ratificar las Leyes de Reforma, iba a consolidar la Reforma liberal.
El triunfo sobre la intervención permitió a Juárez ser conciliador con los monarquistas. El liberalismo se encontró con "un ambiente intelectual nuevo, influido en parte por la introducción de la filosofía positivista", y al perder su carácter de ideología en lucha, se convirtió "en un mito político unificador".50 Triunfantes, los liberales se centraron en el camino al progreso: comunicaciones, colonización, educación e inversiones, es decir, el liberalismo desarrollista que prevalecería hasta el inicio de la Revolución Mexicana.
Mas tanto Juárez y Sebastián Lerdo, como Porfirio Díaz, tendrían que responder al mismo reto que sus antecesores, los liberales federalistas y centralistas a partir de 1830: fortalecer el poder del gobierno nacional, reduciendo la autonomía de los ayuntamientos y de los estados para darle a la República la estabilidad que necesitaba para lograr el anhelado desarrollo. Los dos, como ha visto claramente Carmagnani, se empeñaron en la centralización política en la esfera federal y la descentralización política en los estados para modernizar el Estado mexicano.51
Las ideas liberales que se reinterpretaron una y otra vez en México acompañaron las vicisitudes de la nueva nación en su lucha por la independencia, pasando por la fundación del Estado y su consolidación en 1867, en busca del cambio social que permitiera lograr la vieja meta de lograr la modernización y el progreso material.
NOTAS
-
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Véase Norberto Bobbio y Nicola Mateucci, Diccionario de política. México, Siglo XXI, 1985, 11, pp. 905-6 y 1, pp. 318-20.
H.J. Laski, El liberalismo europeo. México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 12-16.
José Miranda, "El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo". Historia Mexicana, VIII:4 (1959), pp. 512-523.
Hale, El liberalismo, p. 57.
Hale, El liberalismo, p. 303.
Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano. I. Los orígenes. México, UNAM, 1957, tomo 1, p. XVII.
Moisés González Navarro, "Tipología del liberalismo mexicano". Historia Mexicana, XXXIL2 (1982), pp. 198-225.
Alan Knight, "El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una interpretación)". Historia Mexicana, XXXV:1 (1985), pp. 59-91.
Horst Pietschmann, "Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII". Josefina Zoraida Vázquez (ed.), Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas. México, Nueva Imagen, 1991, pp. 27- 66.
"Expresamente propone que también indios y castas sean recompensados con oficios públicos si tienen el talento y el mérito para ser nombrados". Pietschmann, "Protoliber- alismo...", p. 31.
Federico Chabot calificó la tradición histórica del Imperio español como una federazione di paesi. Citado por Antonio Annino, "Cádiz y la revolución de los pueblos mexicanos 1812- 1821 ", en A. Annino (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 184.
Horst Pietschmann, "Actores locales y poder central: la herencia colonial y el caso de México". Simposio "Nation-Building in Latín America: Conflict between Local Power and National Power in the Nineteenth Century", Leiden 18-19 April, 1995.
Ibídem.
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Antonio Annino, "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821". A. Annino (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 177-226.
Antonio Annino, "El Jano bifronte. Consideraciones sobre el liberalismo mexicano". Memorias de la Academia Mexicana de la Historia. XXXIX (1996), pp. 129-140.
Antonio Annino, "Nuevas perspectivas para una vieja pregunta". El primer liberalismo mexicano. México, Miguel Angel Porrúa, p. 61.
María del Refugio González, "El pensamiento de los conservadores mexicanos". Jaime E. Rodríguez, The Mexican and Mexican American Experience in the l9th Century. Tempe, Arizona, Bilingual Press, 1989, pp. 55-67.
Annino, "Cádiz y la ..,", p. 179.
El art. 104 del Plan de Casa Mata decía: "En el interín contesta el supremo gobierno, con presencia de lo acordado por el ejército, la diputación provincial de esta provincia será la que delibere en la parte administrativa si aquella resolución fuese de acuerdo con la opinión". Juan Suárez y Navarro, Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna. México, INEHRM, 1987, p. 28.
Lucas Alamán, Historia de México. México, Fondo de Cultura Económica, 1985, vol. V, 716- 717.
Guadalajara sostuvo la posición más radical y expresó al ministro de Relaciones, que "no había ley, tratado, ni compromiso que obligara depender a las provincias del centro". Zacatecas siguió el mismo camino, pero advirtiendo que la federación podría conciliar el interés "particular de las provincias, con el general de la nación". Jaime Olveda, La política de Jalisco durante la República Federal. Guadalajara, Poderes de Jalisco, 1976, p. 20 y AGN, Gobernación, caja 48, exp. 12, f. 4.
Manuel Chust, "La vía autonomista novohispana. Una propuesta federal en las Cortes de Cádiz". Revista de Estudios de Historia Novohispana. XV (1995), pp. 159-187.
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"Examen imparcial..", III, 247.
Alicia Hernández, La tradición republicana del buen gobierno. México, Fondo de Cultura Econónica, 1994, pp. 39-40.
"La villa de Cuernavaca ... manifiesta... que su voluntad está en abierta repugnancia con las leyes y decretos de proscripción de personas: las que se han dictado sobre reformas religiosas... y con todas las demás disposiciones que traspasan los límites prescriptos en la Constitución general y en las particulares de los estados". Acta del Pronunciamiento de Cuernavaca, 25 de mayo, 1834. Josefina Zoraida Vázquez, Planes de la Nación Mexicana. México, Senado de la República, 1987, tomo II, p. 214.
Manuel Herrera y Lasso, "Centralismo y federalismo, 1814-1843". Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones. México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1967, vol. I, p. 627.
Ley sexta, inciso 22. Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1978. México, Porrúa, 1978, p. 243.
De acuerdo a las Siete Leyes, habría 1 diputado por cada 100.000 habitantes; las Bases concedieron 1 diputado por cada 70.000. En el primer caso, se requerían 30 años y una renta de 1.500 pesos para ser diputado, que las Bases rebajaron a 1.200. Las Siete Leyes autorizaban que cada Junta departamental eligiera 2, que debían tener 35 años y una renta de 2.500, mientras las Bases aumentaron el Senado a 63 miembros: 42 electos en representación de diversos grupos sociales por las Asambleas Departamentales y 11 por los tres poderes centrales. Los candidatos debían tener una renta de por lo menos 2.000 pesos. Las Juntas Departamentales estaban formadas por 7 individuos bajo las Siete Leyes. Las Asambleas Departamentales, de acuerdo a las Bases, aumentaron a 11.
Brian Hamnett, Juárez. Londres y Nueva York, 1994.
El Tiempo, 24 de enero de 1846. Noriega, El pensamiento conservador, II, pp. 352-3.
El Tiempo, 7 de febrero de 1846: "Y no crea el Memorial que nos asusta la palabra monarquía representativa. La forma de gobierno que después de largas y sangrientas revueltas, ha prevalecido en Inglaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, los Estados más civilizados del mundo; las instituciones que han podido resolver el gran problema de la libertad, unida con el orden, pueden ser defendidos sin que haya motivos de avergonzarse".
En México, fue el Congreso Constituyente de 1842 el que señaló que el radicalismo del federalismo de la Constitución de 1824 no respondía al modelo norteamericano, al aclarar que el de entonces no era aquél por el "que lucharon vigorosamente Washington, Adams, Hamilton". Citado en Reyes Heroles, El liberalismo, III, 362.
"Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general, fuera reclamada por inconstitucional, o por el Presidente, de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto". Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales, pp. 474-475.
Carmagnani, "El Federalismo Liberal Mexicano", pp. 146-7.
González, "El pensamiento ...", p.64.
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Clark Crook Castán, "Los movimientos monárquicos en México", Tesis doctoral, El Colegio de México, 1975, p. 149.
Despacho de Levasseur, 30 de abril, 1853. Lilia Díaz, Versión francesa de México. México, El Colegio de México, 1963, tomo 1, p. 43.
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Plan de Tacubaya, 17 de diciembre, 1857. Alvaro Matute (ed.), Antología. México en el siglo XIX. Fuentes e interpretaciones históricas. México, UNAM, 1972, pp. 296-297.
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Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX. México, Vuelta, 1991, p. 15.
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